El Ministerio de Exteriores convocó ayer al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, para expresarle el rechazo de España a las palabras de Nicolás Maduro en las que califica a Mariano Rajoy de "intervencionista, racista y colonialista" y le exigió explicaciones del viaje de políticos de Podemos y la CUP a Caracas en diciembre de 2014.

Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada por esta última cuestión.

"Es una injerencia muy importante en los asuntos del Estado español que se organicen viajes de esta naturaleza, viajes privados, pero en aviones de titularidad pública, para abordar un plan de paz en el País Vasco y el derecho de autodeterminación de los pueblos de España", protestó.

Sáenz de Santamaría consideró "obligado y muy necesario" el hecho de convocar al embajador venezolano y apostilló: "Lo que somos los españoles lo decidimos los españoles, conjuntamente". "No creo que ir a coger apuntes a Venezuela en la situación política y económica en la que está sea lo más acertado", afirmó.

Isea fue recibido a las 13:45 horas en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio, por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea, quien le manifestó su sorpresa por las declaraciones de Maduro, máxime cuando la prensa española se hace eco de ese viaje a Caracas.

Emergencia económica

Entre tanto, el grupo de oposición al Gobierno en la Asamblea Nacional venezolana, que domina el Legislativo, no aprobará el decreto de emergencia económica emitido por el Ejecutivo para afrontar la crisis, según anunció el presidente de la comisión encargada de evaluarlo, el opositor José Guerra.

Horas antes, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, afirmó que fue suspendida la comparecencia de los ministros del área económica en la Cámara para abordar el decreto de emergencia económica debido, explicó, a la disconformidad del oficialismo por la presencia de medios en la Cámara.

Ramos Allup dijo que esta actitud de los ministros es una "trampa" del chavismo para que el decreto fuera aprobado por "silencio administrativo".