Los principales líderes comunitarios dedicaron buena parte de la jornada de ayer a asuntos relacionados con el Consejo Europeo de hoy y mañana, en el que la cuestión estrella es la negociación de las exigencias británicas para permanecer en la UE. La discusión se basará en el documento presentado semanas atrás por el presidente del Consejo, Donald Tusk, con las respuestas comunitarias a las cuatro grandes peticiones británicas (competitividad, subsidiariedad, recortes sociales y admisión de la existencia de más de una divisa).
La canciller alemana, Angela Merkel, consideró ayer que buena parte de las demandas británicas están justificadas y, además, son buenas para el Reino Unido, pero también necesarias para la UE. Merkel aludía a las medidas de simplificación legislativa para aumentar la competitividad y a la exigencia británica de que se aplique en serio el principio de subsidiariedad, esto es, que las instituciones comunitarias no intervengan allí donde resultan más eficaces las nacionales.
El problema es que el gran escollo radica en otras exigencias, las de carácter social. El Reino Unido pretende que los inmigrantes comunitarios tengan que residir y tributar cuatro años en el país antes de tener acceso a ayudas sociales. La Comisión y la Presidencia de la UE le conceden el llamado freno de emergencia, válido para cualquier país socio y que ha de ser puesto en marcha por Bruselas. Este freno permite suspender las ayudas sociales por un máximo de cuatro años cuando se demuestre que, coyunturalmente los inmigrantes comunitarios sobrecargan el sistema de protección social de un país.
Pues bien, Merkel, muy próxima ideológicamente a Cameron, también ve con buenos ojos esta exigencia de recorte social, que países como Polonia, Rumanía, Bulgaria o Eslovaquia consideran difícil de asumir y que la canciller germana no duda en calificar de justificada. "Es comprensible que todos los Estados traten de proteger su sistema social de cualquier tipo de abuso", aseguró tras referirse a los "alicientes erróneos" que un estado de bienestar puede suponer para los inmigrantes.
En España, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo compareció ante la Comisión de Exteriores del Congreso para defender que en el Consejo Europeo de hoy y mañana España firme la propuesta hecha al Reino Unido para facilitar su permanencia en la Unión Europea y evitar las consecuencias negativas que tendría una salida británica de la UE.
El gran argumento de Margallo en un asunto ante el que los grupos del Congreso han dado un visto bueno teñido de escepticismo -salvo en el caso de Podemos, cuyo rechazo fue claro-, es que resulta preferible una suspensión de derechos sociales -"limitada a cuatro años", resaltó- que la situación pura y dura de trabajadores extranjeros en la que se encontrarían los españoles en caso de salida británica.
Podemos instó a Rajoy a no aceptar el "chantaje" de Cameron con una propuesta que considera el "acta de defunción" del proyecto político comunitario, y apeló sin éxito al PSOE a sumarse a su petición: "Si quieren irse, que se vayan", afirmó Pablo Iglesias.
