"Creo que cada uno tendrá su dosis de drama y que después tendremos un acuerdo". Así resumía anoche la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, el ambiente en la cumbre que los líderes de la UE iniciaron a media tarde para negociar con el Reino Unido un acuerdo que evite su salida del club comunitario, el tan traído "Brexit".
La meta de la reunión -y por delante se extendía una larga noche de negociaciones- era llegar a un acuerdo con David Cameron tomando como base la oferta que le hizo semanas atrás el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y lograr que el primer ministro británico pueda defender con garantías de éxito ante sus compatriotas la opción de la permanencia en el referéndum del próximo 23 de junio.
El drama al que se refería la presidenta lituana es el de las grandes ocasiones, ése que Tusk contribuyó ayer mismo a escenificar cuando definió la reunión, sin dudar, como "una cumbre de construcción o ruptura".
Sin embargo, ayer por la noche nadie dudaba de que el acuerdo se conseguiría. Sobre todo, después de que la canciller alemana, Angela Merkel, dijera el miércoles que las demandas de Cameron están "justificadas".
Al coro de voces que, tras largos años de austeridad y recortes sociales, se muestran comprensivas con las exigencias británicas se sumó a última hora la del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien defendió que la UE haga "concesiones razonables" al Reino Unido.
Con los parabienes de Merkel, el escollo más difícil de salvar, el de los recortes sociales, disminuye de tamaño. Sobre las otras tres exigencias (competitividad, admisión de la existencia de más de una divisa y subsidiaridad, prevalencia de la ley nacional sobre la comunitaria si se demuestra que es más eficaz) planeaba anoche la posibilidad de éxito.
Pero el capítulo de ajustes es más espinoso, pues para los socios del Este que, como Polonia, Rumanía, Bulgaria o Eslovaquia, forman el grueso de la población emigrante europea en el Reino Unido resulta difícil de asumir. Y es que Londres pretende que los inmigrantes comunitarios tengan que residir y tributar durante cuatro años en el país antes de tener acceso a ayudas sociales.
La Comisión Europea y la Presidencia de la UE le conceden el llamado freno de emergencia, válido para cualquier país socio y que ha de ser puesto en marcha por Bruselas. Este freno permite suspender las ayudas sociales por un máximo de cuatro años cuando se demuestre que, coyunturalmente los inmigrantes comunitarios sobrecargan el sistema de protección social de un país.
Y ayer fue precisamente un mandatario del Este, el húngaro Viktor Orbán, el que se mostró optimista. "Creo que tenemos una buena oportunidad para conseguir un acuerdo".
David Cameron, por su parte, llegó a Bruselas dispuesto a "pelear" por un "buen acuerdo" que mejore la propuesta que está sobre la mesa, pues advirtió que no firmará ningún documento con la UE que no recoja las necesidades de su país, destacando que es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido.
