El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue detenido ayer en su domicilio de São Paulo, como blanco principal de una operación realizada por la Policía Federal en el marco del proceso judicial por los desvíos en la petrolera estatal por importe de más de 2.000 millones de dólares. Lula fue interrogado durante tres horas y media, tras lo que fue puesto en libertad. La Policía registró varias residencias del exmandatario, incluyendo el Instituto Lula, así como otras de familiares suyos y de algunos allegados.
Tras su liberación, Lula afirmó que se sintió "prisionero" de la Policía Federal, se dijo "indignado" por la llegada de los agentes policiales y tildó de "lamentable" la actuación del "Poder Judicial", en una rueda de prensa que concedió en la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT).
"No voy a bajar la cabeza después de hoy y la forma de levantarla es no tener miedo", resaltó Lula, quien aseguró que "el país merecía un poco más de respeto". En su opinión, habría sido suficiente con que el juez hubiera "mandado un oficio" citándole para declarar, como ha hecho en otras ocasiones. "El día 5 de enero estaba de vacaciones y las suspendí para ir a Brasilia a un interrogatorio", recordó.
"Pero aquí estamos viviendo un proceso de pirotecnia. El show mediático vale más que una actuación seria y responsable por parte de la Justicia, de la Fiscalía, de la Policía Federal", criticó el exmandatario, de 70 años.
La Fiscalía ha identificado a Lula como "uno de los principales beneficiarios" de la trama corrupta que rodea a Petrobras, bien mediante inmuebles o a través de donaciones a su fundación, entre otras vías. La Fiscalía explicó en un comunicado que hay "pruebas" documentales y testimoniales de que Lula fue "uno de los principales beneficiarios de la trama" y puso como ejemplo la reforma de una vivienda de lujo en Guaruja (Estado de São Paulo), de una finca en Atibai y de pagos realizados por empresas ya investigadas en forma de "supuestas donaciones y retribuciones por conferencias".
En el caso del tríplex de Guaruja, Lula se habría beneficiado de "al menos un millón de reales (247.000 euros)" entregados por la constructora OAS "sin aparente justificación". Esta empresa también aparece relacionada con el pago de 1,3 millones de reales (320.000 euros) a una empresa contratada para almacenar las pertenencias acumuladas durante el mandato presidencial.
La detención de Lula provocó choques callejeros entre la Policía y militantes del PT, la formación fundada por Lula, que denunció una "escalada golpista" y llamó a sus bases a movilizarse. En el bando opuesto, el arresto fue calificado por la oposición como "el principio del fin" del Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff. Según el diputado opositor Antonio Imbassahy, del Partido de la Social Democracia Brasileña, una operación de la magnitud de la de ayer "demuestra que Rousseff, pupila política de Lula, fue reelegida en 2014 "gracias a una organización criminal". Por su parte, Rousseff convocó una reunión gubernamental de urgencia.
