La mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza la apertura de juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por maquillar las cuentas del Estado defendió ayer la continuidad del proceso, en un debate que duró más de 13 horas y se prolongó hasta las cinco de la mañana (hora local, las nueve en España).
De los 60 diputados que se inscribieron para participar en el debate, 39 defendieron que la comisión apruebe el informe presentado el jueves por su relator, que recomienda la apertura del juicio político con fines de destitución.
Tan sólo una veintena de legisladores alegó que no hay base jurídica para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso siga con él, estaría impulsando una ruptura constitucional. Uno de los parlamentarios se declaró indeciso.
El debate precedió a la votación programada para mañana, lunes, en la que los diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor y dan luz verde al proceso. En caso de que se pronuncien a favor, el caso será remitido al pleno de la Cámara de Diputados que tiene que pronunciarse este mismo mes.
Si en esa instancia es aprobado por mayoría cualificada de dos tercios (342 de 513 votos), pasará al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan su visto bueno al juicio. De llegarse a ese extremo, Rousseff tendrá que separarse del cargo durante 180 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla.
Mientras se celebrase el juicio político, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato presidencial, que vence el 1 de enero de 2019, si el Senado se inclinase por la destitución.
El instructor afirma que el análisis de una denuncia le permitió identificar indicios de que la jefa del Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los "crímenes de responsabilidad" previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos adicionales por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.
Para el instructor, las maniobras mediante las que el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos apareciesen en los balances fiscales constituyen "crímenes de responsabilidad".
