El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Motta Domínguez, anunció ayer que el próximo lunes comenzará en todo el país el racionamiento eléctrico, a causa de la sequía que vive el país. Las restricciones, que durarán al menos cuarenta días, se plasmarán en cortes del servicio de cuatro horas diarias.

Las restricciones eléctricas se suman a otras medidas tomadas recientemente por el Gobierno venezolano, como la reducción a cuatro días semanales del trabajo de los funcionarios, decretada a principios de este mes.

La suspensión del suministro eléctrico se aplicará con cinco horarios diferentes, según zonas geográficas, aunque las autoridades han advertido de que puede haber cortes "por razones fortuitas", como cortocircuitos o sabotajes. "Habrá restricciones, es necesario, es un sacrificio, pero se trata de un plan que va en beneficio y para protección del pueblo", subrayó el ministro Motta Domínguez.

El denominado Plan de Administración de Carga pretende preservar los niveles de agua de los embalses, principalmente el del Guri (centro sur del país), que genera la mayor parte de la electricidad que consumen los hogares venezolanos. El fenómeno climatológico El Niño ha acentuado una sequía que en Venezuela comenzó en 2013 y se ha agravado en los últimos meses.

Entre tanto, continúan las tensiones entre el Gobierno chavista y la oposición, centradas en la intención de los opositores, que controlan el Parlamento, de poner en marcha el mecanismo para celebrar un referéndum revocatorio que desaloje de la Presidencia a Nicolás Maduro.

Un grupo de siete diputados opositores se encadenaron al borde de la medianoche del jueves (hora española) en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir a las autoridades que entreguen a la oposición el formulario preciso para recolectar las firmas necesarias para poner en marcha el proceso.

Uno de los parlamentarios explicó que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, les pidió un plazo de tres días, ya expirado, para entregarles los formularios. En el formulario se deben registrar firmas equivalentes al uno por ciento del censo electoral.