La oposición venezolana ya cifra sólo en la presión que pueda ejercer la calle sus esperanzas de celebrar un referéndum para revocar el mandato de Nicolás Maduro. Ante la lentitud con que la autoridad electoral valida los 1,8 millones de firmas cosechados para solicitarlo y el estado de excepción decretado el viernes por el Presidente -que además anunció maniobras militares para proteger el país de una supuesta intervención de "ejércitos extranjeros"-, los opositores han convocado para mañana masivas movilizaciones en todo el país.
El portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la solicitud del revocatorio, Carlos Ocariz, explicó ayer que a pesar de que el chavismo descarta que el referéndum vaya a celebrarse por sus "defectos" de tramitación, la consulta dependerá de la "presión" popular que se ejerza sobre las autoridades.
"Hay un Poder Electoral que, en teoría, es autónomo e independiente, y a ese Poder Electoral es al que hay que obligar a cumplir con su deber de ratificar el derecho del pueblo al referendo", aseguró el también alcalde del municipio Sucre de Caracas en una entrevista con el canal privado Globovisión. "La MUD ha anunciado que va a seguir presionando", dijo en alusión a los planes de la alianza de partidos de sacar mañana a miles de personas a la calle para presionar a la autoridad electoral.
El regidor subrayó que el chavismo se opone a un revocatorio que pueda terminar con el mandato de Maduro, "pero no depende de ellos, depende del pueblo con la presión popular, depende del pueblo con la organización popular de manera pacífica para lograr que los poderes públicos funcionen".
El oficialismo ha advertido en reiteradas ocasiones que la oposición no podrá solicitar el revocatorio porque no hay tiempo suficiente para que los plazos de la solicitud se cubran este mismo año y porque las firmas serían, en su opinión, fraudulentas.
El chavismo sostiene que se requieren 243 días para cumplir el calendario de un revocatorio, lo que supera la cantidad de días que restan de este año, por lo que, de poder celebrarse, la consulta no llegaría hasta el primer trimestre de 2017.
Y eso impediría sacar a Maduro del palacio de Miraflores. La ley establece que si el jefe de Estado es revocado a mitad de mandato -momento en el que se encuentra Maduro ahora-, las autoridades deberán convocar nuevas elecciones, pero si el cese ocurre en los dos últimos años, será sustituido por su vicepresidente, que concluiría el periodo; en este caso, en 2019.
Entre tanto, el Gobierno sigue dando pábulo a la tesis de una conspiración, urdida en Washington, para acabar con el chavismo. Precisamente el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, advirtió que EE UU pretende imponer de nuevo la llamada "doctrina Monroe" que justificó el intervencionismo estadounidense en países de América Latina. Y en ese sentido interpreta la separación del poder de Dilma Rousseff en Brasil o el cambio institucional que busca la oposición venezolana.
