La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, jugó ayer su última carta para intentar impedir su destitución al prometer impulsar un plebiscito para adelantar las elecciones en el caso de que fuera absuelta y recuperase el poder. La propuesta fue presentada durante un discurso en el que la mandataria divulgó una "Carta a los brasileños". En ella, Rousseff insistió en su inocencia y calificó su más que posible destitución a través del juicio político en el que está sumida como un "golpe de Estado".

Rousseff fue apartada del poder el pasado 12 de mayo, acusada de manejar irregularmente los presupuestos federales. Desde entonces, la presidenta afirma que "Brasil vive uno de los momentos más dramáticos de su historia" y que la solución para la "grave crisis política y económica" del país "pasa por el voto popular, en unas elecciones directas".

En ese marco, se comprometió a que, si fuera repuesta, promoverá un plebiscito para consultar a la sociedad sobre la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018. En su mensaje, sin embargo, no explicó que la realización de una consulta de esa naturaleza dependería del apoyo de un Parlamento que se apresta a iniciar la última fase del juicio político que le puede costar el cargo.

El Senado brasileño comenzará el 25 de agosto la última sesión del juicio, en la que se tomará una decisión definitiva sobre la suerte de la presidenta. Rousseff será despojada del poder si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que suponen dos tercios de la cámara. En ese caso, su mandato, que vence el 1 de enero de 2019, será completado por Michel Temer, quien, como vicepresidente, la sustituye interinamente.

Ayer se supo también que la sucesora y pupila de Lula da Silva ha decidido acudir personalmente a esa sesión extraordinaria para defenderse. Hasta la fecha, Rousseff había sido representada en todas las audiencias por su abogado y exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, quien siempre ha insistido en que el proceso es "ilegal" y carece de "sustentación jurídica".

Por otro lado, el Tribunal Supremo Federal de Brasil ha abierto una nueva investigación contra Rousseff y el expresidente Lula por supuesta obstaculización de las investigaciones del caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Estas diligencias se abren tras anular el alto tribunal otra pieza del mismo caso en el que fueron utilizadas escuchas telefónicas no autorizadas de conversaciones de Rousseff y Lula.