El Gobierno de Angela Merkel aprobó ayer el polémico plan de actuación ante grandes crisis -desde atentados a catástrofes naturales- impulsado a raíz de los tres atentados yihadistas que sufrió el país el pasado mes de julio.

Entre las medidas que mayor alarma han causado figura el llamamiento a que la población acumule alimentos y agua para diez días, con el fin de estar en condiciones de afrontar con una crisis, y la sugerencia indirecta de que, en caso de conflicto en la frontera alemana, puede volverse a instaurar el servicio militar obligatorio.

El programa incluye la posibilidad, en circunstancias excepcionales, de que la ciudadanía aporte medios de transporte al Ejército y de que las empresas contribuyan a la construcción o adecuación de infraestructuras para las fuerzas armadas.

Entre las situaciones críticas que prevé el catálogo de medidas figuran los fallos prolongados en las redes de comunicación (transportes y telefonía) y de abastecimiento (agua, energía), así como posibles ataques terroristas y cibernéticos, crisis nucleares, biológicas y químicas, y grandes catástrofes naturales.

El ministro de Interior, Thomas de Maizière, presentó estas líneas de actuación tras varios días de especulaciones y polémica mediática y política en Alemania, y aseguró que se trata de un plan "razonable" y "proporcionado" para anticipar "escenarios catastróficos" que consideró no tan improbables.

"Debemos prepararnos (...) para una gran crisis", argumentó De Maizière, quien subrayó que es "obligación del Estado prever" cómo actuar ante "todo tipo de amenaza".

El avance, el pasado fin de semana, de los principales puntos del plan desató las especulaciones sobre la posibilidad de que las autoridades estuvieran en posesión de informaciones sobre un inminente atentado o un conflicto, lo que ha sido desmentido por fuentes oficiales que insisten en la necesidad de adaptar los planes anteriores, forjados en los primeros años tras la Guerra Fría a las inestables condiciones actuales.