Una manifestación en favor de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, bloqueó ayer varios tramos de la Marginal Tietê, una de las principales vías de acceso a la ciudad brasileña de São Paulo, el bastión del Partido de los Trabajadores. El lunes, día del inicio del tramo final de juicio, varias ciudades vivieron una jornada de protestas que terminó con intervenciones policiales.
La concentración de ayer fue convocada por integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que exigen que se restituya en el cargo a Rousseff, quien, por su parte, vivió las últimas intervenciones de los senadores que hoy, miércoles, decidirán su suerte como dirigente.
En el día en que la Cámara Alta inició una maratoniana sesión que podría apartar a la mandataria del cargo, los manifestantes levantaron barricadas e incendiaron neumáticos a primera hora de la mañana para impedir el tránsito por una de las principales vías de la mayor ciudad de Brasil, lo que generó retenciones de varios kilómetros. En Brasilia, a su vez, 2.000 personas se manifestaban en la Explanada de los Ministerios también en apoyo de la líder del Partido de los Trabajadores.
Algunos manifestantes portaban carteles de "Fuera Temer", habituales en las movilizaciones convocadas desde que el 12 de mayo el otrora vicepresidente de Brasil y ahora presidente interino, Michel Temer, asumiera la jefatura del Estado durante la fase final del juicio político a la presidenta. Si el Senado se inclina finalmente por la destitución, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Temer.
Mientras, en Brasilia, el abogado José Eduardo Cardozo, que defiende a Rousseff, afirmó que la gobernante "es víctima de una élite política y económica". Cardozo también insistió ante el pleno del Senado en la propuesta avanzada por Rousseff hace unas semanas de celebrar un plebiscito, en el caso de que fuera absuelta, para adelantar las elecciones previstas para finales de 2018.
La acusación, por su parte, consideró tras la larga audiencia que hay suficientes pruebas para llevar adelante el "impeachment". A Rousseff se le imputa la emisión de tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso, así como retrasos en la formalización de depósitos en la banca pública que generaron intereses onerosos para las arcas públicas. La abogada Janaina Paschoal, consideró "probados" los cargos contra la gobernante y exigió al Senado su destitución. "El fraude está comprobado" y "los senadores no pueden votar al margen de esa realidad", declaró Paschoal ante el pleno de la Cámara Alta durante la audiencia previa a la decisión, prevista para hoy, en la que quedará sellada la suerte de Rousseff.
El desgaste causado por la mácula de la corrupción en el gobernante Partido de Los Trabajadores desde que Lula da Silva accediera al poder en 2003 contrasta con los trece años de avances sociales y económicos impulsados por el PT. El posible desalojo de Rousseff pondría fin a lo que muchos han considerado como la experiencia más importante de la izquierda democrática en América Latina tras el golpe de Estado que, en 1973, acabó con la vida y el Gobierno del socialista chileno Allende.
