06 de septiembre de 2016
06.09.2016
Carmelitas Descalzas

Imputada una madre superiora argentina por torturas a monjas

Una investigación periodística ha destapado el calvario que sufrieron algunas de las carmelitas del convento de Nogoyá

07.09.2016 | 05:50
Escándalo en las Carmelitas Descalzas de Argentina.

El convento de las monjas Carmelitas Descalzas de la ciudad de Nogoyá (Argentina) fue el objetivo de una investigación periodística con la que se descubrieron torturas físicas, psicológicas y desnutrición por parte de una de las religiosas al resto de monjas a su cargo.

El pasado viernes fue imputada por "privación ilegítima de la libertad" la madre superiora del convento de Entre Ríos, María Isabel, quien este miércoles será indagada. La decisión fue tomada por el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, y todo apunta a esta hermana, quien ya fue notificada.

Además de la investigación periodística se conoció hace unos días gracias al testimonio de una exmonja del convento cómo fue el calvario que esta y todas sus compañeras sufrieron durante los años que pasaron recluidas como carmelitas.

Ella fue quien radicó la denuncia por privación ilegítima de la libertad, delito por el que fue imputada el viernes la madre superiora del convento, según el diario argentino 'Clarín'.

"He vivido tortura psicológica, castigo físico, encierro de celda --como llaman a las habitaciones-- y duras reprimendas por parte de la madre superiora", reveló la mujer, cuya identidad se mantuvo en reserva, a 'Canal 13'.

¿Cómo se destapó el caso?

Lo ocurrido en este convento argentino fue destapado gracias a la investigación que realizó el periodista Daniel Enz para la Revista 'Análisis' y que derivó en un allanamiento al convento el pasado 25 de agosto.

Según el informe publicado, en él se detallan condiciones de vida y castigos intramuros tales como la desnutrición, la autoflagelación, el uso del látigo, el cilicio y mordazas, entre otros elementos de tortura.

Según el portal 'Urgente24.com', la Juscitia provincial allanó el convento de las carmelitas donde "se encontraron los elementos de castigo que denunció la investigación periodística de 'Análisis'", tal y como declaró el fiscal Federico Uriburu. El objetivo de esta investigación fue establecer el delito de privación ilegítima de la libertad agravada contra las monjas que están en este claustro.

Uriburu reveló que la madre Superiora "opuso resistencia" al procedimiento judicial y que "hubo que utilizar la fuerza para entrar porque no se permitía el ingreso, con lo cual se rompió una puerta del convento".

El fiscal explicitó que "no hubo necesidad de revisar cada cuarto porque una vez que se venció la resistencia inicial de la medida, de parte de la madre Superiora, al revisar algunas dependencias se aportaron en forma voluntaria una cantidad de cilicios y látigos, que son pequeñas fustas de unos 30 a 40 centímetros".

El médico de las religiosas también fue investigado aunque, según explicó Uriburu, "se está haciendo una revisión muy superficial porque debido a una cuestión religiosa y del modo de vida no se profundizó en un examen que involucre la invasión a la intimidad de cada una".

El padre y párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, Jorge Bonin, expresó que "esto es muy doloroso, son cuestiones que no entiendo".

El calvario de las Carmelitas Descalzas 

La mayoría de las 18 carmelitas del convento ingresaron con 18 años, aunque algunas lo hicieron a los 16, por lo cual tuvieron que hacerlo con permiso de sus padres.

La investigación destapó las torturas que las carmelitas descalzas del convento de Nogoyá sufrieron por casi dos años y en la que fueron entrevistados exreligiosas, familiares de estas y profesionales de la salud de la mencionada localidad.

Hubo casos de desnutrición y testimonios que aseguraron tener prohibido hablar de lo que sucedía. También se les tenía abolido abrazar a sus familiares, darles la mano e incluso se conoció un caso de una de ellas que no pudo ver a su padre en diez años por haberse divorciado de su madre y por lo que en el convento se le consideró "un pecador público".

Las religiosas no podían ni siquiera mirarse al espejo, por considerarse esto un símbolo de "vanidad", y si alguna de ellas lo hacía, era castigada de inmediato. Incluso, había ocasiones en las que solamente podían bañarse una vez cada siete días.

Todas las semanas, como práctica habitual, tenían que auto flagearse desnudas, dándose latigazos durante 30 minutos. Este escarmiento comprendía también vivir a "pan y agua" durante una semana o el uso del cilicio entre las piernas durante varios días como sacrificio. Otro castigo era la colocación de una mordaza en la boca durante 24 horas y en un espacio de siete días.

Durante la visita de un familiar siempre había una monja "de testigo" para escuchar las conversaciones y prevenir que no se hablara de "cuestiones mundanas", ya que si la madre Superiora era conocedora del incumplimiento de estas normas, el castigo era la consecuencia directa.

En cuanto a la privacidad de las religiosas, esta era nula, ya que todas las cartas que les llegaban eran abiertas y leídas previamente. También se controlaban las correspondencias que salían del convento, con el agravente de que en la mayoría de ocasiones se las hacían redactar de nuevo y les dictaban las órdenes expresas sobre lo que podían transmitir a sus familiares en esos escritos.

Ninguna de las monjas podía sacarse una foto con su madre, padre o hermano, porque con la imagen "pueden hacer alguna brujería". El castigo también comprendía permanecer cerca de dos horas de rodillas, delante de otras, escuchando un duro sermón de la superiora.

En lo referente a la atención médica, esta era mínima y no existía la consulta psicológica. De hecho, varias de las exmonjas están con tratamientos psicológicos en Entre Ríos o Santa Fe debido a las secuelas.

Además, según se conoce, muchas de las internas sufrieron agudas depresiones en las que cayeron y optaron por renunciar o incluso intentar suicidarse.

Si enfermaban, ningún familiar podía saberlo, y sólo se acudía al personal médico en última instancia, ya que primero se les proporcionaba la medicación de parte de las autoridades religiosas.

El arzobispo de Paraná, quien debía haber ejercido la autoridad sobre el convento, nunca hizo nada para revertir la situación, al igual que tampoco se ocuparon, en sus mandatos, el obispo Estanislao Esteban Karlic ni el sacerdote Mario Maulión.

Esta escalofriante historia es real y sucedió a unos 100 kilómetros de Paraná, donde ningún habitante de la comunidad conocía realmente lo que sucedía debido al "voto de silencio" al que estaban obligadas a cumplir cada una de las 18 religiosas que allí se encontraban.
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