El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciaron a última hora del sábado un nuevo acuerdo con el que esperan desbloquear el proceso de paz, ya que hace suyos muchos de los cambios propuestos por los sectores críticos con el pacto inicial, rechazado en referéndum el pasado 2 de octubre.
Sin embargo, aspectos como la participación política de los guerrilleros no sufren modificaciones, y este segundo texto "no sacrifica" el espíritu de aquel histórico pacto, según el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. El nuevo documento, producto de nueve días de negociaciones en La Habana, fue firmado por De la Calle y el jefe negociador de la guerrilla, "Iván Márquez" (alias de Luciano Marín Arango).
Las partes renegociaron un total de 57 puntos, concretados en las últimas semanas durante el proceso de diálogo político que el Gobierno colombiano abrió con los sectores que defendieron el "no" en el plebiscito. Sin embargo el exmandatario Álvaro Uribe pidió ayer al presidente, Juan Manuel Santos, que el nuevo acuerdo sea presentado a la oposición y a las víctimas del conflicto antes de darlo como "definitivo".
Algunos de los cambios consisten en que la guerrilla colombiana tendrá que presentar un inventario de su patrimonio para destinarlo a indemnizaciones a las víctimas.
El pacto, que ya no será incorporado a la Constitución, establece los espacios de restricción de libertad para los responsables de delitos de sangre que cooperen con la Justicia.
En el nuevo texto se definen los "espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena" y precisa, asimismo, la forma en que las FARC cooperarán en la lucha contra el narcotráfico.
