El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, continúa imparable por su senda autoritaria. Su Gobierno decretó ayer la expulsión de la carrera de unos 15.000 funcionarios, la mitad de ellos policías, así como el cierre de 375 asociaciones sociales -vinculadas a la izquierda kurda- y culturales y de nueve medios de comunicación. En todos los casos, las razones invocadas son los vínculos terroristas o la pertenencia a "una estructura cuyos fines son las actividades contrarias a la seguridad del Estado", en alusión a los supuestos simpatizantes del predicador Fethullah Gülen, exiliado en EE UU, al que Ankara tiene por instigador del fallido golpe de julio. Precisamente, ayer comenzó en Ankara el juicio contra Gülen, cuya extradición ha sido solicitada a Washington, y otras 72 personas -periodistas y empresarios entre ellas- a las que se acusa de sublevación, espionaje y traición, aunque no de la asonada, ya que el sumario fue instruido con anterioridad.

La purga sin fin de Erdogan, que ayer mismo anunció que "queda mucho por hacer", ha provocado una reacción terminante del Parlamento Europeo, que mañana, jueves, se pronunciará sobre una suspensión de las negociaciones de adhesión con Turquía ante el deterioro democrático en el país, aunque sin cerrar del todo la puerta al diálogo.

Entre tanto, la presión social ha obligado al Gobierno a dar marcha atrás en la polémica ley que permitía evitar la cárcel por delitos de abuso sexual a menores cuando el agresor se casara con la víctima. El texto, aprobado la pasada semana en primera lectura parlamentaria, suscitó una oleada de protestas feministas y el rechazo de toda la oposición parlamentaria.