La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se distanció este miércoles las declaraciones del ministro de Inmigración, Robert Goodwill, que sugirió que el Gobierno estaría considerando introducir un impuesto de 1.000 libras (1.155 euros) por cada trabajador cualificado de la Unión Europea (UE) que contraten las empresas británicas tras el 'Brexit'.
En una comisión parlamentaria, Goodwill indicó este miércoles que en abril comenzaría a aplicarse este impuesto sobre los trabajadores ajenos al área económica europea, para añadir que había sugerido al Gobierno extenderlo a los trabajadores cualificados de la UE tras el Brexit.
No obstante, el portavoz de la mandataria británica señaló en declaraciones recogidas por Reuters que las palabras de Goodwill se habrían "malinterpretado". "Parece que ha sido malinterpretado y se han sacado de contexto sus comentarios", explicó.
"En ningún momento dijo que está en agenda. No está en la agenda del Gobierno", apostilló tras la polémica surgida en torno a la propuesta de gravar a las empresas por la contratación de empleados de la UE.
