Rumanía lleva más de una semana viviendo grandes protestas populares a diario, las mayores desde la caída del dictador Ceaucescu en 1989. La causa de las movilizaciones ha sido un decreto del pasado día 1 que despenaliza supuestos menores de corrupción y que llegó a sacar a la calle este sábado a cerca de medio millón de personas en todo el país, 300.000 de ellas en la capital, Bucarest.

Los manifestantes consideraron que el Gobierno socialdemócrata se estaba concediendo una amnistía encubierta mediante la iniciativa legislativa, que beneficiaba, entre otros al presidente de su propio partido, Liviu Dragnea, acusado de fraude electoral en un referéndum de 2012. Son numerosos los políticos socialdemócratas encarcelados por corruptos.

Aunque el decreto fue retirado al día siguiente, domingo, por el Ejecutivo de Sorin Grindeanu, ganador de las legislativas del pasado diciembre con el 45% de los votos, las protestas y sus repercusiones políticas no han amainado. Grindeanu, consciente de la potencia de la oleada popular, aseguró que el paso atrás pretende "evitar que Rumanía se divida en dos".

Ayer mismo, el ministro de Justicia, Florin Ioardache, presentó su dimisión en su calidad de responsable de la polémica medida. La dimisión llegó al día siguiente de que Grindeanu superase en el Parlamento una moción de censura. Aunque el Gobierno, que tomó posesión hace apenas un mes, rebasó el obstáculo con facilidad, gracias al apoyo de sus socios liberales, la impresión más extendida es que la retirada del decreto y la dimisión de su autor no bastan.

Esa es también la opinión del presidente del país, Klaus Iohannis, quien exigió un Gobierno "transparente", que gobierne para el conjunto de la sociedad, pero, al tiempo, descartó la conveniencia de adelantar las elecciones dado lo recientes que están los últimos comicios y lo contundente de su resultado. "Habéis ganado, ahora gobernad y legislad, pero no de cualquier manera. Rumanía necesita un Gobierno fuerte, que no ejecute de forma dócil las órdenes del partido", exigió Iohannis ante el Parlamento, del que estaba ausente el primer ministro. El polémico decreto preveía despenalizar la corrupción, cuando el daño al Estado fuera inferior a 44.000 euros, e indultar a los 2.700 presos, parte de ellos socialdemócratas, condenados por delitos menores de corrupción.