El presidente de EE UU, Donald Trump, lleva 48 horas explicando por diversos medios que necesita tiempo para probar la acusación de espionaje lanzada la semana pasada contra su predecesor, Barack Obama. El portavoz de Trump, Sean Spicer, proclamó ayer que su jefe está "muy seguro" de que el departamento de Justicia aportará las pruebas que corroborarán la denuncia de que Obama vigiló las comunicaciones del magnate durante la campaña electoral de 2016.

Desde que lanzó sus acusaciones contra Obama en Twitter, el presidente de EE UU no ha vuelto a hacer más comentarios al respecto y ha sido cuestionado por no ofrecer ninguna prueba de una denuncia que carece de precedentes en la historia política del país.

De hecho, el propio departamento de Justicia pidió ayer de madrugada al Congreso, que investiga la denuncia, un mayor margen de tiempo para aportar las pruebas exigidas. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes había dado hasta el lunes al Gobierno para presentar las supuestas pruebas, pero tras la petición de Justicia amplió una semana el plazo, hasta el próximo lunes, 20 de marzo.

Ese día está previsto que el comité celebre su primera audiencia pública sobre la supuesta injerencia rusa en las presidenciales, a favor de Trump, y los presuntos contactos de la campaña republicana con funcionarios y espías del Kremlin. El presidente del comité, el republicano Devin Nunes, ha advertido al Departamento que si vuelve a incumplir el plazo y no presenta las pruebas, se procederá a pedir comparecencias para recabar información justificatoria de la denuncia.

De hecho, el mismo lunes Spicer ya rebajó el tono de las acusaciones, al argumentar que Trump no necesariamente se refería a un "pinchazo telefónico" cuando habló de "pinchazo telefónico" sino a actividades de "vigilancia" en general. "El presidente usó las palabras 'pinchazo telefónico', con comillas, para referirse, de forma amplia, a la vigilancia y a otras actividades", indicó Spicer. Esa explicación contrasta con la que el propio Spicer dio hace una semana, cuando se limitó a indicar que los mensajes de Trump hablaban "por sí mismos".

La ley estadounidense no permite a los presidentes ordenar escuchas telefónicas u otro tipo de vigilancia de ciudadanos, sino que debe solicitar ese tipo de medidas a un tribunal y proporcionar una justificación para ello.