El Gobierno del Reino Unido cuestionó ayer por primera vez el pago de los 60.000 millones en los que Bruselas cifra los compromisos ya adquiridos por Londres y sin cuya satisfacción, advierte la UE, no habrá acuerdo de divorcio con el bloque. Un acuerdo cuya larga negociación -al menos dos años- ya abrió el miércoles la primera brecha entre el Ejecutivo de la conservadora Theresa May y los Veintisiete.

La pretensión de la primera ministra de negociar a la vez la salida de la Unión y la futura relación bilateral encontró ya la víspera la oposición frontal de la canciller alemana Merkel y el ministro francés Jean-Marc Ayrault. Máxime cuando en la carta con la que May activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula la salida de la UE de un país miembro, se deslizaba una velada amenaza que no pasó desapercibida en Bruselas.

May viene a decir que del éxito del acuerdo depende que el Reino Unido siga cooperando con la UE en materia de defensa y seguridad. El ministro británico para el "Brexit", David Davis, niega que su país esté amenazando al bloque. Es más: varios políticos europeos le dijeron "de manera espontánea" que el tono de la carta de May era "bueno".

Sin embargo, el negociador de la Eurocámara, Guy Verhofstadt, no tienen ninguna duda de que en la misiva hay un matiz de advertencia. "Intento ser un caballero, así que con una dama nunca utilizo, o ni siquiera pienso, en la palabra chantaje", ironizó.

"Debilitar nuestra cooperación para lograr la prosperidad y la protección de nuestros ciudadanos sería un error costoso", dice May en su carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Palabras que, en opinión de Davis, sólo quieren decir que "que si no logramos llegar a un acuerdo -y nosotros queremos un acuerdo- es malo para ambas partes".

Pero el sensacionalista "The Sun" lo vio claro. "Vuestro dinero o vuestras vidas. Comerciad con nosotros y os ayudaremos a luchar contra el terrorismo", rezaba su primera página de ayer.

En este contexto, Davis añadió ayer más leña al fuego al anunciar que su Gobierno no cuenta con pagar la factura de 60.000 millones que la UE le reclama. Es más: "El tiempo de entregar grandes sumas de dinero a Bruselas está tocando a su fin", aseguró.

"No hemos tenido ninguna solicitud de ese tipo remitida desde la Comisión Europea. Nuestra opinión es muy simple: cumpliremos nuestras obligaciones, somos un país que cumple la legalidad, pero no esperamos nada como eso", dijo Davis a la cadena de televisión británica ITV.

Por otra parte, el ministro para el "Brexit" expuso sus planes para trasladar la legislación comunitaria al derecho británico a fin de terminar con la "supremacía" de la UE cuando el divorcio se consume, una tarea de enorme complejidad que ya se conoce como "Great Repeal Bill" (Ley de la gran Derogación) y para completar la cual el Gobierno de May invocará unas cláusulas de la época de Enrique VIII, que permiten enmendar o derogar normativas sin contar con el Parlamento. La "gran derogación" posibilitará que las empresas sigan operando al día siguiente del divorcio con la certeza "de que las reglas no han cambiado". Y garantizará que los derechos de los trabajadores, la protección medioambiental y los derechos de los consumidores, ahora consagrados en las leyes comunitarias, continuarán vigentes tras el "Brexit".