Mensaje recibido. La primera ministra británica, Theresa May, asumió ayer que las conversaciones que se avecinan entre Londres y Bruselas para negociar el "Brexit" serán "duras". Ambas partes han dedicado los últimos días a marcar con claridad sus posiciones de partida. May lo hizo en su reunión del miércoles con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, a quienes reclamó un borrador "detallado" de cómo será el futuro acuerdo comercial entre Londres y Bruselas antes de sellar su compromiso de pagar la factura que los Veintisiete le reclaman para poder abandonar el bloque (60.000 millones, según los cálculos bruselenses).
La UE hizo lo propio el sábado en la cumbre en la que ratificó por unanimidad las directrices de negociación, que, en contra de lo pedido por May, establecen que no se empezará a hablar de ese futuro acuerdo comercial (lo único que a Londres le interesa) hasta que se haya avanzado en tres puntos: la factura de la salida, los derechos que tendrán los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, y los británicos en el territorio de la Unión, y, por último, un acuerdo sobre la frontera que separará, tras el "Brexit", la República de Irlanda de la provincia británica de Irlanda del Norte. Dublín la quiere "blanda" y piensa que Londres no la quiere "dura", pero nadie sabe cómo será esa futura línea divisoria. Como ocurre con los demás aspectos del "Brexit", no hay precedentes.
Con todo y fijar estos tres requisitos para comenzar a hablar de la relación futura, la UE se esforzó el sábado en exhibir una unidad que, cuando se inicien las negociaciones, puede diluirse fácilmente; por ejemplo, cuando los socios tengan que repartirse entre todos la aportación que el Reino Unido hace al presupuesto comunitario. Alemania ya adelantó que no piensa poner un euro más y Londres espera que esa discusión rompa la unidad que el bloque muestra desde el referéndum del "Brexit".
Quizá por eso los Veintisiete no dudaron en añadir un punto extra de presión a Londres al dejar constancia por escrito de que, en caso de que Irlanda del Norte quedase anexionada por la República de Irlanda -lo que sólo sucedería si Londres y Dublín pactaran los términos de un referéndum sobre esta espinosa cuestión y el "sí" venciera-, el territorio resultante, una Irlanda unificada, "sería parte de la UE".
Aunque tal posibilidad ya estuviera prevista en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, con esta declaración la UE vuelve a recordarle a su socio saliente las consecuencias que puede acarrearle su abandono del bloque. Igual ocurrió hace un mes, cuando se conoció el borrador de las directrices de negociación y Bruselas advirtió que el acuerdo comercial que obsesiona a Londres no será de aplicación en Gibraltar si España no quiere. Entonces se desató una buena tormenta. Quizá se esté preparando otra.
