La Comisión Europea lanzó ayer un ultimátum al Gobierno ultraconservador de Polonia para que frene la polémica reforma judicial que, según las instituciones comunitarias, pone en grave riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho en el país.

El partido en el Gobierno, Ley y Justicia, pretende sacar adelante un proyecto de ley que le otorgará un control efectivo sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial, otorgando a un Parlamento en el que posee una amplia mayoría la facultad de nombrar a quince de sus veinticinco miembros.

Bruselas, por su parte, considera que el presidente Andrzej Duda está tomando una clara deriva autoritaria. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, declaró que esta reforma busca la creación de un sistema en el que "los jueces servirán al gusto de los líderes políticos" y advirtió que esta pretensión sitúa a Bruselas "muy cerca" de sancionar a Varsovia con la activación del artículo 7 de los tratados europeos.

Dicho artículo, concebido para actuar ante violaciones de las libertades fundamentales en un Estado miembro, suspendería a Polonia su derecho a voto en el Consejo Europeo.

Aunque Bruselas trata de agotar la vía diplomática y no tomará ninguna medida hasta que la reforma sea adoptada como ley, Timmermans advirtió que "las medidas recientes amplifican la amenaza al Estado de Derecho" y que la próxima semana se podría formalizar la apertura de un nuevo expediente a Varsovia por violar las reglas de la Unión Europea (UE), si finalmente se adopta la reforma en lo términos actuales.

Mientras tanto, el edificio del Parlamento polaco sigue acordonado desde el pasado domingo, cuando miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra la polémica reforma del sistema judicial.