"Una limpieza étnica de manual". Así definió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, la campaña que el Ejército de Birmania (ahora llamada Myanmar) está llevando a cabo contra la minoría étnica de los rohingya, asentados desde hace generaciones en el oeste del país. En las últimas dos semanas, 400.000 personas pertenecientes a esta comunidad han atravesado la frontera con la vecina Bangladesh, huyendo de una oleada de violencia sin precedentes en la historia reciente de este conflicto.
Los rohingya son una minoría étnica formada aproximadamente por un millón de personas, predominantemente musulmanes y radicados en el Estado birmano de Rakhine. En Birmania, un país donde el 90 por ciento de la población profesa el budismo, la relación histórica entre musulmanes y budistas cuenta ya con décadas de hostilidad a sus espaldas. Su origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los musulmanes, apoyados por el Reino Unido, se enfrentaron a los budistas, sostenidos por Japón.
Los orígenes de esta etnia son ampliamente debatidos. Desde la independencia de Birmania en 1948 han sido considerados como inmigrantes ilegales, si no invasores, que llegaron al país desde Bangladesh durante la ocupación británica (desde 1824 hasta 1948). Los rohingya, por su parte, afirman ser descendientes de comerciantes árabes.
Desde entonces han sido sometidos a una política de aislamiento, represión y exclusión en Birmania. Sus integrantes no son reconocidos ni como ciudadanos ni como grupo étnico. No tienen nacionalidad ni libertad de movimiento. No pueden casarse o viajar sin el permiso de las autoridades, ni tener tierras ni propiedades, ni tampoco acceso a la educación ni a la sanidad.
El pasado 25 de agosto, los insurgentes del denominado Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) perpetraron una serie de ataques contra bases y cuarteles del Ejército y de las fuerzas de seguridad birmanas. La reacción fue brutal: una contraofensiva militar que se saldó al menos (las cifras reales son indeterminadas) con 400 muertos.
Del mismo modo, el Tatmadaw (Ejército) ha perpetrado una campaña de masacres e incendios contra el conjunto de la población rohingya, que tras la quema de sus aldeas se ha visto forzada al éxodo. Ya en agosto el propio portavoz del Gobierno birmano, Zaw Htay, reconoció que de las 471 localidades rohingya afectadas por las operaciones militares, al menos 176 habían sido ya completamente abandonadas.
En su huida, los rohingya cruzan a pie la frontera de Bangladesh, un país que tampoco los reconoce como propios. Mujeres, hombres, niños y ancianos efectúan un éxodo en el que los más sanos cargan sobre sí a los más débiles. Los pescadores del río Naf recuperan a diario los cadáveres de los rohingya ahogados en su intento de alcanzar el territorio bengalí en endebles barcazas. Y aquellos que lo consiguen son enviados a campos de refugiados cada vez más masificados y hacinados, con casas improvisadas en las que el agua y los recursos escasean. Por supuesto no faltan quienes aprovechan esta desesperada situación para inflar al máximo los precios de los víveres y de los productos de primera necesidad en esos campos.
Especialmente grave es la situación de los niños: muchos de ellos huyen totalmente solos tras haber perdido a sus familias. Se calcula que más de mil niños han llegado sin ningún adulto a los campos de refugiados de Bangladesh, algunos con heridas de bala o de metralla, otros tras haber recorrido kilómetros con sus hermanos pequeños en las caderas. Y es que, de los 400.000 refugiados rohingya que se encuentran en Bangladesh, el 60% son niños y el 23% tienen menos de 5 años. Las ONG advierten que esta población, la más indefensa, es vulnerable a todo tipo de abusos, como la violencia sexual y el tráfico humano. Las niñas, además, son susceptibles de ser obligadas a contraer matrimonio con adultos (una práctica habitual) o ser arrastradas a la prostitución infantil, máxime aquellas que no tienen ningún adulto que las proteja.
El Gobierno birmano, por su parte, niega todas las acusaciones sobre limpieza étnica y crímenes contra la humanidad que se están vertiendo contra el Ejecutivo liderado, para colmo, por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Mientras bloquea la entrada al país de la misión de la ONU encargada de investigar este presunto genocidio, el Gobierno birmano juega la baza del terrorismo para justificar su campaña militar en el Estado de Rakhine. Para las autoridades birmanas, los milicianos "bengalíes" (así es como denominan a los rohingya, recordando que no reconocen su identidad étnica) constituyen un grupo terrorista, el ARSA, cuyo objetivo es independizar la región para crear un nuevo Estado de corte islamista. Las autoridades de Naipyidó también acusan a los rohingya de quemar sus propias aldeas para culpar al Gobierno, una versión cuya falsedad ya han probado las imágenes captadas vía satélite.
Icono manchado
Suu Kyi, icono histórico de la resistencia pacífica contra la dictadura militar y líder de facto del actual Gobierno de Birmania -y que pasó dos décadas en arresto domiciliario en su inexorable lucha por la democracia-, ha sorprendido al mundo estos días negando las acusaciones de limpieza étnica y acusando a los "terroristas" de difundir una "calculada campaña de noticias falsas". Algo que ya le ha valido las críticas de más una decena de premios Nobel, así como las peticiones de que se le retire tal distinción por su silencio y complicidad ante la violencia contra la etnia rohingya.
Mientras tanto, y a pesar de la enérgica condena, lo más probable es que la ONU no acabe llevando a cabo ninguna acción más allá de los meros manifiestos verbales. Birmania cuenta con el apoyo de China y de Rusia, dos naciones que disponen de derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y que consideran que la cuestión rohingya es un asunto interno de Birmania, cuyo Gobierno, afirman, está en su derecho de defenderse del grupo guerrillero rohingya y, por tanto, vetarán cualquier intervención en el país.
