El Gobierno de la conservadora británica Theresa May está atrapado entre dos fuegos: el de la dura negociación del "Brexit" con Bruselas y el de las presiones del sector euroescéptico de su formación. Esta pinza, que debilita al Ejecutivo de May día a día, quedó ayer de manifiesto cuando Londres entregó a los comunitarios sus propuestas para el eventual periodo de transición que debería iniciarse el 29 de marzo de 2019, al día siguiente de consumarse el "Brexit". Las características de este periodo -una petición británica para adaptarse a la nueva situación- comenzarán a ser negociadas el próximo mes. Básicamente, Londres permanecería en la unión aduanera y el mercado único, aunque debería aceptar a cambio toda la normativa comunitaria, incluida la nueva, en la que no tendrá voz ni voto.

En un principio, Reino Unido solicitó que la transición fuese de dos años, esto es, hasta finales de marzo de 2021. Sin embargo, la oferta comunitaria es algo más corta: hasta el 31 de diciembre de 2020, ya que ese día expira el presupuesto comunitario, y la UE no desea la presencia británica cuando, al día siguiente, se inicie el nuevo ciclo presupuestario.

En el documento entregado ayer a Bruselas, May argumenta que el marco temporal "debería estar determinado simplemente por el tiempo que lleve preparar y aplicar los nuevos procesos y los nuevos sistemas que cimentarán la futura alianza". "Reino Unido calcula un periodo de unos dos años, pero quiere debatir con la UE las evaluaciones en las que basa esa propuesta". El pasado enero, el ministro británico para el "Brexit", David Davis, explicó que para Londres "dos años" son entre 21 y 27 meses, frente a los 21 meses que propone la UE.

Uno de los escollos que se avizoran en la negociación sobre la transición es el estatuto de los comunitarios que se radiquen en el Reino Unido durante ese periodo. Mientras Bruselas quiere que tengan el mismo tratamiento que quienes ahora viven en el país, Londres propone un estatuto diferente. La cuestión ha provocado tiranteces que han llevado a la Comisión Europea a advertir que el establecimiento de una transición no debe ser dada por hecho, ya que sólo es una propuesta que debe negociarse.

La indefinición de May -aficionada a envolverse en cortinas de humo a la hora de negociar- sembró la alarma entre el nutrido sector radical de los euroescépticos. Un total de 62 parlamentarios conservadores firmaron ayer una carta -calificada de "chantaje" por el entorno de May- en la que le exigen garantías de que tras el 29 de marzo de 2019, Reino Unido recuperará la "plena autonomía reguladora". La exigencia implica que Londres sea libre de negociar tratados de comercio con terceros en cuanto abandonde la UE. Sin embargo, para Bruselas, la permanencia en el mercado único y la unión aduanera no permitiría estas negociaciones hasta el fin de la transición.