El juicio contra Constantino N. M., de 43 años, acusado de arrollar mortalmente al vecino de Llanera Carlos Jiménez Jiménez, de 22 años, el pasado 20 de septiembre, mientras huía de la Policía, se ha suspendido esta mañana en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo ante la ausencia de tres agentes de la Guardia Civil (uno está de vacaciones), cuya declaración es esencial para las acusaciones, pero también porque hay pendientes dos recursos presentados por la familia de la víctima, que reclama que se acuse por abandono del lugar del accidente tanto a la mujer que iba con el acusado, propietaria además del vehículo, como a los agentes locales que le perseguían.

Y es que consideran que deberían haber parado para auxiliar al joven. El letrado de los agentes, Ignacio Manso Platero, duda que ese recurso salga adelante, toda vez que varias patrullas venían detrás y era perentorio detener al conductor. La familia solo busca "justicia" y la máxima pena para el acusado, según indicaron en el exterior del Juzgado. "Solo pedimos justicia, que cumpla toda la condena y no salga a los tres años", indicó Ángel Jiménez, hermano de la víctima.

Por lo que se refiere al acusado, que está cumpliendo una condena en la cárcel impuesta precisamente por el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo (que tenía activa una orden de búsqueda e ingreso en prisión cuando fue detenido por estos hechos), iba a salir libre el próximo 31 de julio, fecha en la que cumplía la pena, dado que el Juzgado que instruyó el atropello había dictado su puesta en libertad provisional. Sin embargo, este viernes, la magistrada María Elena González Álvarez ha decretado su ingreso en prisión por estos hechos, por lo que ya no podrá salir libre este verano. El juicio se celebrará en una fecha no determinada.

El acusado se enfrenta a penas de entre siete años (la solicitada por la fiscal de Seguridad Vial, Adoración Peñín) y diez años, las que piden las acusaciones particulares ejercidas por los padres y la viuda de la víctima, con la que tenía dos hijos pequeños. El ministerio público solicita además indemnizaciones por 600.000 euros. La defensa, a cargo de Vanesa Rodríguez, pide la libre absolución.