Actividad agraria

 
Actividad agraria
Actividad agraria 

VÍCTOR MANTECA El reto al que se enfrentan las diferentes regiones europeas es el apoyo a la competitividad general de las economías rurales fomentando la diversificación y formación en ámbitos profesionales situados fuera de los sectores agrarios, es una de las declaraciones contenidas en el último informe europeo sobre la cohesión económica y social, redactado a mediados del pasado año, y que ha perdido su vigencia y fundamento si se tiene en cuenta tanto el incremento de demanda que algunos productos agrarios registran desde hace algún tiempo en los mercados agroalimentarios mundiales y el mercado sectorial de energía alternativa como la escasez de la oferta de que actualmente se dispone en el mercado.

El informe señala que los estados miembros y administraciones europeas competentes deberán hacer lo posible por incentivar la introducción de cambios en la agricultura que sean capaces de perseguir, con eficacia, los objetivos de la estrategia comunitaria sobre desarrollo rural que, platea, entre otras cosas, seguir disminuyendo las producciones y el número de explotaciones del sector; pero que, dadas, por un lado, las nuevas dimensiones que comenzó a mostrar, hace unos meses, el mercado mundial de estos productos tanto en lo que se refiere al incremento sostenido de demanda de alimentos en países de consumo emergente, como los mercados asiáticos y otros de similar tendencia incremental y, por otro, las previsiones sobre los combustibles fósiles con un futuro previsible de escasez y oscilación incontrolada de sus precios han hecho que surjan prácticas cada vez más demandadas de dedicación de productos agroganaderos al mercado de biocombustibles debido a que resulta más rentable y menos gravosa que el destino a los mercados de consumo alimentario. Por ello, ahora, se plantean los efectos de su escasa oferta en el mercado alimentario, toda vez que los agrocombustibles, que son aquellos producidos desde la explotación agraria con esta concreta finalidad industrial van suponiendo una creciente demanda para el sector, sin olvidar las cuestiones medioambientales que plantea, en la Unión europea, su aplicación. Con todo ello, se percibe que, a medida que los incrementos de demanda de productos agroalimentarios van tomando cuerpo dejan de tener sentido muchos de los dogmas sobre los que se asienta la política agraria comunitaria «reduccionista» de tercera generación, de manera que, los principios de disminución general de la actividad agraria pueden quedar obsoletos y, con ello, comenzar a producirse un giro en los criterios y fundamentos que informen esta política económica en todos los países europeos, de manera que se asimile la necesidad de incrementar las producciones con un grado adecuado y realista de exigencia medioambiental; sin embargo, en este nuevo escenario de gestión habría que tener en cuenta muchos aspectos sobre posibilidades productivas a las que algunas regiones como Asturias se han visto forzadas a renunciar, de manera que en los repartos adicionales de incrementos productivos sirvieran, de algún modo, como criterios de asignación adicional. Hay que tener en cuenta que el informe citado reconoce que en casi todos los estados europeos el sector agrario ya no constituye parte dominante de la economía rural, lo cual hay que reconocer que es debido, en gran parte, a la cantidad de obstáculos y «desincentivos» a la actividad agraria que se han venido aplicando. Por ello los aspectos rurales sobre los que incide, tanto la política de cohesión regional como la gestión europea de la política rural, se centran, sobre todo, en la aplicación de ayudas y subvenciones compensatorias o de incentivos para actividades alternativas, lo cual, siendo justo y necesario, debiera complementarse teniendo en cuenta, desde ahora, estos nuevos incrementos estructurales de demanda en los mercados y otros estacionales, al objeto de actualizar las políticas agrarias antes de que nuestro campo pierda otra oportunidad de seguir vivo y con futuro.

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