¿Tiene futuro la Asturias rural?

JUAN VELARDE FUERTES ECONOMISTA Es evidente que, en relación con lo que se ha expuesto en la parte primera de esta disertación, se debe recordar una famosa frase de Hegel: «Cuando el hombre convoca a la técnica, la técnica siempre comparece». Ello es evidente. Cuando Malthus hizo su estudio famoso no se había formulado aún la Segunda Ley de Liebig y, por tanto, la industria química no había actuado para generar una amplia gama de fertilizantes. Faltaba un siglo para eso. Cuando las profecías derivadas del Club de Roma asustaron ante la posibilidad de cortes importantes en la oferta de alimentos daba sus primeros pasos la biotecnología que, en estos momentos, ofrece un repertorio muy importante de productos transgénicos los cuales ya ofrecen, en cantidades apreciables, recursos crecientes a los mercados. Debo señalar que es preciso rechazar toda esa serie de mensajes pesimistas sobre la peligrosidad para los humanos de los transgénicos. Este verano de 2009, en la Escuela de La Granda, en un curso dirigido por el profesor Grisolía, uno de los grandes discípulos de Severo Ochoa, quedó bien claro que esos miedos se fundamentan, lisa y llanamente, en basura científica. Téngase en cuenta, de la mano de García Olmedo, que «producir una tonelada de alimentos con una variedad moderna de maíz o de trigo, requiere menos energía, menos suelo laborable y menos productos fitosanitarios». Y debo agregar algo. La denominada agricultura tradicional o ecológica no puede hacer frente a las necesidades de la Humanidad. Concretamente, de acuerdo con lo presentado en 2008 en el Centro de Investigación Común de la Comisión Europea, la agricultura española es, por ejemplo, «la más intensiva en el uso del maíz-Bt, que produce un insecticida natural frente al taladro». De este maíz se cultivan ya unas 75.000 hectáreas. Y hay que tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Justicia ha señalado que las atribuciones sobre la aprobación de Organismos Genéticamente Modificados son exclusiva competencia de la Comisión Europea, de acuerdo con la Directiva 2001/18 y el Reglamento 1829/2003. En resumen, estos organismos genéticos nuevos -todos los productos cultivados- son también, por cierto, modificaciones genéticas de las plantas con las que se topó el hombre, tienen mejoras en los rendimientos, por su mayor resistencia a plagas y enfermedades, y actúan mejor que los herbicidas, alivian cuestiones relacionadas con el suelo y con la climatología y, finalmente, mejoran la calidad nutritiva, organoléptica y tecnológica de los cultivos.

Al mismo tiempo, desde 1990 a 2008 cae sustancialmente la relación entre precios percibidos por el agricultor y precios pagados por él. Si damos el valor 100 a ambas magnitudes en 1990, los precios percibidos suben en 2008, según el Ministerio del ramo y Eurostat, a 134'48 y los pagados pasan de 100'0 a 178'45. La relación cae de 1 a 0'75. Esta relación real de intercambio muestra que la crisis está siendo muy negativa para el campo. Por lo tanto, la Asturias rural necesita que se salga de esta situación depresiva, pero cuando observamos la política económica que se sigue es evidente -los economistas españoles lo hemos recalcado una y cien veces, que no se están adoptando para ello ninguna de las medidas estructurales precisas. Al no tener en cuenta esas condiciones, la crisis prosigue, y con ella toda una serie de consecuencias deprimentes concretas para el campo, que van desde un incremento del desempleo en el sector a dificultades crediticias que afectan directamente, como es bien sabido, a los agricultores y a las cooperativas rurales; también a caídas en los precios -aquí no necesito recalcar más que un segundo lo que sucede con la leche- y al incremento en la morosidad en el cobro de las partidas vendidas, y desde luego, por el incremento de la insolvencia de muchos compradores, con lo que el cobro se esfuma.

No puede olvidarse en esto lo que sucede en el terreno de la energía, uno de nuestros más serios problemas para salir de la crisis. La agricultura actual y no digamos la del futuro es una ávida demandante de energía. El precio al que se coloca el kWh se debe a un cálculo relacionado con un mix de energías: las eólicas, las solares, las de ciclo combinado y las derivadas del carbón y la nuclear. La del carbón, que es tachada de contaminante de CO2, y la nuclear son, con la hidroeléctrica, las más baratas. Pero he ahí que en ese mix preponderan crecientemente las energías más caras -la eólica, con permiso de Bodenaya, y la solar, con lo que se encarece la energía, aparte de las sanciones de Kioto, en relación con el ciclo combinado y el carbón, a más de que la coyuntura parece mostrar que el auge de los precios del gas y del petróleo está asegurado. O replanteamos de otro modo el problema energético o no podrán competir los asturianos con los agricultores franceses que disponen de una energía mucho más barata y con expectativas más seguras -la nuclear- que las que con los planteamientos actuales se observan en Asturias.

La situación financiera del campo, en estos momentos, es realmente preocupante, y en este caso concreto la de la Asturias rural. Su futuro depende muchísimo de que se adopten, con urgencia y de modo incluso muy duro, medidas que puedan llevar hacia algún tipo de solución.

Lo indicado muestra un panorama coyunturalmente negativo, que contrasta con la tendencia secular globalizada positiva, pero además es que ésta puede dejar de actuar en Asturias por un motivo. Nuestra región, demográficamente, se ha pasado a convertir en una de las más ancianas de un país, España, que a su vez envejece con fuerza. Eso elimina espíritu empresarial y posibilidades de futuro, todo lo cual se une a que, al contemplar ahora mismo las rentas rurales, los padres aconsejen a los hijos, que tal como se mueven, incluso últimamente en caída acelerada, deben abandonar el sector, como sucedió a partir de la década de los cincuenta. Los trabajos de realidades concretas de García Sanz o de Abel Hernández se pueden trasladar a multitud de situaciones asturianas. Aldeas, parroquias, concejos comienzan a caminar hacia la despoblación, cuando ya estaban despobladas. En esas condiciones su futuro no es precisamente inmejorable.

Pero, concretamente en Asturias, es evidente que su futuro se encuentra ligado a la suerte de las industrias agroalimentarias que, en estos momentos, experimentan, por supuesto, el choque derivado de la crisis económica mundial. Todo esto, ahora mismo, se encuentra inmerso en las polémicas derivadas de las «marcas blancas», o «marcas de distribuidor», cuya cuota de mercado crece de modo bien visible, con crisis de las marcas del fabricante, que ha de optar por colocar en manos de los consumidores sus productos de la nueva manera. Y esto, en cadena, acaba repercutiendo en los agricultores y ganaderos, a los que se exige un descenso en sus precios.

Por tanto, de lo dicho se deriva que el sector comercial del gran consumo obliga, cada vez más, a que las industrias agroalimentarias posean economías de escala, y esto ha de concentrar con mucha fuerza a este sector. Más de una vez he recordado que en una intervención en la cooperativa vallisoletana ACOR hace bastantes años señalé que el futuro del sector agroalimentario español tendría que estar basado en un incremento de las dimensiones. Ahora es el momento, aquí mismo, de reiterarlo.

Pero he de añadir a estos panoramas que impulsan o frenan nuestras posibilidades ante el futuro, que han surgido dos nuevos problemas. El más importante el que se desprende de la denominada protección a la naturaleza, del que se han derivado multitud de decisiones del que puede calificarse como intervencionismo medioambiental. Todo esto ha alterado radicalmente el sentido de la propiedad agraria, al hacer que sobre ésta caigan unas servidumbres nunca existentes hasta ahora, planteadas en forma de «apetencias, deseos y hasta exigencias de aquellos que nada tienen que ver con lo agrario o lo rural, salvo su deseo de disfrutar de las economías externas que generan» agricultores y ganaderos, pero sin pagar un céntimo por ello.

El otro es el de la ruptura de la unidad española del mercado. Hay 17 leyes de cooperativas agrarias y en general, normas autonómicas que han roto esa unidad del mercado, como ocurre con el etiquetado a causa de las lenguas regionales, o mil otras disposiciones.

De lo dicho se deriva, en mi opinión, cómo se crean exigencias y posibilidades. Exigencias para superar los problemas. Posibilidades, porque efectivamente éstas existen. Y todo esto ha de percibirse por los políticos, porque nuestro Clarín, en un artículo que publicó en «El Globo» -después apareció en otros dos periódicos, en aquel momento trágico para España que era 1898, exactamente se editó el 12 de octubre de 1898- les señaló a los políticos que siempre debían tener presente «que una nación tiene vida cuasiperenne, indefinida; hay que contar con el derecho y el deber de las generaciones futuras. Se les puede hacer contribuir desde ahora a las necesidades esenciales de la patria, pero también hay que prepararles las condiciones necesarias para que ellos puedan lograr la prosperidad que les exigimos para esta ayuda futura que nos es indispensable».