Oviedo, M. J. I.
Los contratos de precios mínimos para el sector lácteo, acordados el pasado mes de julio entre las compañías lecheras y las organizaciones agrarias, suscitan recelo en la Comisión Nacional de la Competencia. Como primera advertencia, la entidad ha publicado un informe en el que señala que seguirá con atención el comportamiento de los operadores del sector.
Para la Comisión no puede descartarse que los contratos den lugar a prácticas restrictivas de la competencia. El documento indica que no parece que un acuerdo puntual entre asociaciones de distintos eslabones de la cadena de producción pueda ser considerado como parte integral de una organización común de mercado, único caso en el que la normativa permite pactos de precios.
De hecho, para no atentar contra la libre competencia, el acuerdo debería ser parte integral de una organización nacional de mercados o necesario para la consecución de los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC).
El acuerdo de contratos homologados se firmó entre el Ministerio de Medio Rural, las organizaciones agrarias, ASAJA y UPA, las cooperativas agroalimentarias, la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) y las asociaciones de distribución ANGED, ACES y ASEDAS. Su repercusión no ha sido tan alta como se esperaba.
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