Oviedo, Raquel L. MURIAS
La producción maderera en Asturias ha caído un tercio en el Principado en la última década. Así lo aseguró ayer Luis Enrique García, presidente de Asmadera, que aglutina más del 80% de las empresas madereras de Asturias. Luis Enrique García considera que el factor que más influyó en el retroceso de la producción del sector maderero fue la entrada en vigor del plan del hábitat del urogallo, un documento que el Tribunal Supremo acaba de anular y contra el que había alegado la patronal.
Este Plan, que se aprobó en 2003, estableció una serie de medidas que, según los empresarios del sector, fijaron un marco «muy restrictivo» en Asturias, impidiendo llevar a cabo actuaciones en los montes entre marzo y agosto, en la etapa de reproducción del urogallo, especie declarada en peligro de extinción. Luis Enrique García se mostró ayer muy satisfecho con la sentencia del Supremo que ratifica la anulación ya dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de este documento.
Martínez afirmó que el sector maderero asturiano ha pasado de tener una producción anual de 900.000 metros cúbicos en el año 2000 a los 650.000 actuales, aunque faltan por conocer los datos correspondientes al cierre del ejercicio de 2010. En lo que se refiere a ingresos, este descenso supone una merma de la producción forestal entre siete y diez millones de euros y una caída del empleo en torno a diez puestos de trabajo por cada reducción de 20.000 metros cúbicos, es decir, 120 trabajadores menos en diez años.
Fueron las normas estrictas que estableció el plan del hábitat del urogallo las que, según los empresarios madereros, han propiciado esta situación. Ahora el Tribunal Supremo ha tumbado esta normativa basándonse principalmente en tres aspectos que desgranó la abogada de Asmadera, Pilar Martínez. En primer lugar, el plan del hábitat del urogallo eludía, por parte del Gobierno de Asturias, que este documento fuese un plan de recursos naturales, no se consultó a los afectados y no se dio respuesta a las más de 500 alegaciones que se presentaron durante el plazo de exposición pública del documento, en un acto que, según consideró Pilar Martínez, es un «claro desprecio a la ley».
Así, con la entrada en vigor del plan del hábitat del urogallo se ejecutó también una batería de restricciones que obligaban a los empresarios de la madera a trabajar en las plantaciones de pino silvestre «sólo en invierno, entre nieve y con los problemas de seguridad que acarrea a los trabajadores», explicó el presidente de Asmadera. Además, la normativa abarcaba «toda la zona interior de Asturias, se nos exigía presentar estudios de impacto ambiental para cualquier mínima actuación, se prohibió la apertura de muchas pistas forestales y cortafuegos, y cualquier actividad molesta que pudiese afectar al urogallo», concretó Luis Enrique García. El presidente de la patronal asegura que los empresarios del sector defienden la preservación del animal, pero también sus derechos como propietarios y trabajadores. Además, el portavoz de Asmadera concretó que las zonas de presencia del urogallo son eminentemente zonas rurales, «en las que siempre se está hablando de los problemas de despoblamiento y crisis. Es normal que con estas normativas tan estrictas resulte muy complicado trabajar en la zona y que los bosques queden abandonados y se produzcan desgracias como el incendio del Valledor», puntualizó.
García incidió en la situación legal de Asturias en el campo forestal, «que no se da en otras zonas de España». «Nos hemos ocupado mucho de normativas, de regular, de prohibir, de sancionar..., pero nadie se ha ocupado del problema más grave del monte asturiano», que, según el presidente de Asmadera, es «la ordenación de la propiedad». «Con parcelas de media hectárea es imposible hacer rentable una explotación forestal», por lo que, desde su punto de vista, «hay que buscar unidades de gestión del tamaño suficiente y en los terrenos apropiados para que tengan la mayor productividad, y, si no, hablaremos de minifundios», explicó.
Ahora el Principado de Asturias tendrá que elaborar otro plan de protección del urogallo si quiere dar continuidad a las medidas de amparo del animal, y como la sentencia del Supremo dicta jurisprudencia, el Principado deberá dar respuesta a todas la alegaciones que se presenten al documento.
