El medio rural ya no es estratégico para el Gobierno

AURELIO MARTÍN GONZÁLEZ DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES Tanto el presidente del Principado en su discurso de investidura, el pasado 12 de junio, como el nuevo Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, al comparecer ante la Junta General del Principado para dar cuenta de su programa de Gobierno, declaraban enfáticamente que consideraban nuestro medio rural como un sector estratégico para la comunidad autónoma.

Así, el señor Álvarez-Cascos afirmaba en el citado discurso: «Si algo caracteriza al Principado de Asturias es su imagen de territorio natural, donde se producen y cultivan productos agroalimentarios de calidad. Por ello, me propongo desarrollar todo el potencial de nuestra región y considerar la agroganadería como sector estratégico en nuestro resurgimiento económico, y que éste redunde, a su vez, en una mejora de la calidad de vida de las personas que habitan en el medio rural». Pero me temo que en este caso, y como dice el refrán, una cosa es predicar y otra, dar trigo. Como hemos podido comprobar en la comparecencia de la semana pasada, el proyecto de Presupuestos que ha presentado el Gobierno está muy lejos de ser consecuente con esos impulsos iniciales. Voy a detenerme en señalar algunas cifras muy significativas que, a mi juicio, demuestran lo afirmado en el título de este artículo.

Según el proyecto presentado, mientras la cuantía global de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2012 crece respecto a los iniciales del pasado año casi un 2%, el previsto para la Consejería de Agroganadería se reduce en un 9%.

Es cierto que ya para el año 2011, con el Gobierno del que yo formaba parte como titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca, se aprobó una reducción del 5% respecto al presupuesto de este departamento del año anterior, pero hay datos que marcan una sensible diferencia con lo que ocurre en el proyecto de este año.

En primer lugar, que para ese año 2011 se aprobó un presupuesto global que se reducía un 6,5% respecto al del año 2010. O sea, que si bien se redujo el presupuesto destinado al desarrollo de las medidas de política agraria, pesquera y forestal y de desarrollo rural, esta reducción fue menos intensa que la que sufrió el presupuesto general.

Además, debemos recordar que esa reducción afectó esencialmente al gasto corriente y sólo en un 3,9% a la inversión productiva, que incrementó su peso relativo respecto al total del Presupuesto de Asturias, al pasar del 14 al 16%. De hecho, aquella era la tercera Consejería más inversora.

Pero volviendo al proyecto presentado por el actual Gobierno para la Consejería de Agroganadería, más allá de la reducción en términos absolutos y de la pérdida de peso relativo, nos preocupa especialmente la incidencia que esta reducción representa en algunas partidas muy sensibles para nuestro sector agroganadero y forestal.

Por ejemplo, la destinada a la modernización de las explotaciones e incorporación de jóvenes, que es fundamental para la mejora de la estructura productiva, y que el año pasado logramos incrementar un 10%, este año sufre una reducción del 7,6%. O la que financia los contratos de apoyo a la actividad agraria sostenible, una ayuda directamente ligada a mejorar la renta de los ganaderos que desarrollan la actividad bajo determinadas condiciones de especial interés, y que el año pasado creció un 2%, pero que este año sufre una merma de más del 10%, es decir, casi 2,5 millones de euros. La partida destinada a la promoción de nuestro sector alimentario, que lejos de suponer un gasto superfluo o casi folclórico como se quiere hacer ver en ocasiones, es de vital importancia para posicionar adecuadamente nuestros productos en el mercado, disminuye en casi un 30%. El presupuesto refleja también un importante freno a las políticas de I+D+i en el sector agroalimentario, al decrecer la transferencia al Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) en un 18%. Baja también el apoyo al cooperativismo, un 9%; a las asociaciones de criadores de ganado, hasta un 16%, y a los consejos reguladores de nuestras marcas de calidad, algo más del 10%. Tampoco se le libran del recorte ni la inversión forestal ni los recursos naturales, cuyas partidas decrecen casi el 4 y el 16%, respectivamente.

En definitiva, se reducen partidas que en la anterior Consejería de Medio Rural y Pesca considerábamos básicas para el mantenimiento de la actividad en el campo asturiano. No obstante, si este importante recorte sobre dichas partidas fuera compensado con el incremento sobre otras, o con la aparición de nuevas líneas de impulso y desarrollo del sector, estaríamos en el ámbito de lo que es razonable que haga un Gobierno. Esto es, proceder a una reorientación de las políticas que se venían desarrollando para financiar otras nuevas que se consideren ahora prioritarias. Pero tampoco podemos encontrar en este presupuesto el respaldo a ningún nuevo proyecto para el campo asturiano. De hecho, el proyecto estrella del nuevo Gobierno, el matadero central, que tanto a mí como a muchas otras personas y entidades vinculadas al medio rural asturiano nos genera más dudas e interrogantes que certidumbres sobre su necesidad y oportunidad, aparece dotado con la pírrica cantidad de 100.000 euros. Además, hasta el momento, no se ha logrado dar explicación alguna ni sobre su ubicación ni sobre el contenido del proyecto.

A partir de estos datos no puedo sino reiterar el diagnóstico con el que iniciamos la presente reflexión. Con demasiada frecuencia hemos escuchado grandilocuentes declaraciones sobre la consideración del sector agrario como estratégico. Pero si tuviéramos que utilizar una definición más concreta para este concepto, debemos acudir al presupuesto. El presupuesto es el que de forma inapelable determina lo que es y lo que no es prioritario y estratégico para un Gobierno, más allá de los floridos discursos. En este caso se penaliza respecto al Presupuesto general el destinado al fomento y desarrollo de la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la industria agroalimentaria. Y se penaliza por tanto el medio rural y a su población, que, al contrario, precisan de estímulo y apoyo por parte de su Gobierno. Eso justificará las enmiendas que nuestro grupo parlamentario va a presentar para corregir, en la medida de lo posible, este presupuesto.