Asturias aspira a conservar mil millones de euros con las nuevas ayudas agrarias

OVIEDO, M. J. IGLESIAS La Política Agraria Comunitaria (PAC), actualmente en proceso de reforma, aporta a Asturias 125 millones de euros anuales, que supondrán más de mil millones para el período 2014-2020. El montante de las subvenciones que debe determinarse en Bruselas es, a juicio del diputado regional del PP y portavoz para asuntos de Agroganadería, Agricultura, Luis Venta Cueli, motivo suficiente como para considerar que la región también «se juega su futuro» en la negociación.

Venta Cueli señala que tanto el Partido Popular como el Gobierno de la nación, que preside Mariano Rajoy, tienen como una de sus grandes prioridades la reforma de la Política Agraria Común (PAC), «porque el futuro de Asturias también se juega en el campo con la negociación de unas ayudas a la agricultura y la ganadería de la región de 1.000 millones de euros».

A juicio de Venta, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, fue claro al responder a la pregunta de la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, en el Congreso de los Diputados sobre las previsiones del Gobierno sobre las zonas desfavorecidas y de montaña. El titular del Ejecutivo aseguró que «tal y como establece el nuevo reglamento, es necesario ayudar a los ganaderos de estas zonas para compensar costes adicionales y rentas no percibidas. Además, todos los programas de Desarrollo Rural tienen que incluir medidas para las zonas desfavorecidas, en referencia a Asturias en su intervención». En abril de 2012, el Ministerio de Agricultura remitió a todas la comunidades autónomas un documento para que cada una de ellas expusiera sus principales alternativas al nuevo marco financiero 2014-2020. Todas las comunidades, incluida Asturias, remitieron este test informativo al Ministerio. El 13 de junio, Arias Cañete avanzó las claves maestras que defenderá España en las negociaciones de la reforma de la PAC. El 15 de junio, y tras la conferencia sectorial celebrada en el Ministerio, anunció una posición común de Gobierno y comunidades para la defensa de la reforma de la PAC e incidió en mantener el presupuesto y buscar la convergencia progresiva de las ayudas.