Rosa Urdiales Garmón (Villaverde de Arcayos, León, 1962), veterinaria por la Universidad leonesa y funcionaria del Principado desde hace 24 años, empezó haciendo campañas de saneamiento y conoce el mundo rural "real", tan bien o mejor que el que se refleja en los despachos. La mujer en la que la consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, ha confiado la negociación con el Ministerio de Agricultura para definir la aplicación de las ayudas de la Política Agraria Común, entre 2014 y 2020, adora recoger setas y conducir el tractor en la casa familiar los fines de semana. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, insiste en la necesidad de sacar del "mercado" de ayudas a los perceptores que no realizan actividad agraria, 1.500 de un total de 11.000 beneficiarios en Asturias. En España, este tipo de perceptores representan el 45 por ciento de los que perciben fondos agrarios de la UE.

-La negociación de la PAC llega a su recta final. ¿Cuando habrá cifras?

-Hasta finales de enero no tendremos datos precisos. La previsión es aprobar los nuevos reglamentos antes de que acabe el mes. De momento trabajamos en un modelo basado en el borrador que tiene el visto bueno del Parlamento, de la Comisión y del Consejo.

-¿Le convence el nuevo modelo de reparto de ayudas por comarcas agrarias?

-Tenemos cierta inquietud acerca del resultado final de la comarcalización. Puede originar trasvases de fondos tanto entre perceptores del mismo sector como entre diferentes ámbitos de actividad. Las ayudas actuales se basan en derechos históricos que toman como base el nivel de producciones declarado entre los años 2000 y 2002. Ahora vamos a traducir esos derechos a un pago base, en función del número de hectáreas. Esos pagos variarán según la comarca.

-¿Qué factores determinarán esas diferencias?

-El valor medio de la subvención por hectárea en cada comarca se conseguirá haciendo una media entre los receptores y las ayudas que perciben. Se asignarán más recursos a quienes estén por debajo de la media, hasta alcanzar en 2019 el sesenta por ciento del valor medio de la comarca y se recortará a quienes superen ese promedio, hasta perder un máximo del 30 por ciento de los fondos al final del período.

-¿Cómo se traduce ese trasvase de fondos a la realidad ganadera regional?

-El sector lácteo mantiene un nivel de ayudas superior al de la carne. En comarcas donde conviven ambas producciones, por ejemplo la franja costera o municipios suroccidentales como Tineo, se acentuarán las diferencias.

-¿Entonces, la leche perderá a favor de la carne?

-Para evitarlo reclamamos pagos ligados a la producción que suavicen ese impacto. El Ministro ofrece a todas las comunidades 93,5 millones para leche, 40 millones para cebos de terneros y 188 millones para vacas nodrizas. Nosotros vamos a pedir que no se repartan de manera plana y que se tengan en cuenta las singularidades. Si las condiciones de producción son diferentes es injusto que se distribuyan de modo uniforme.

-Claro, no es lo mismo Cabrales que un pueblo como el suyo, en la provincia de León...

-Nos toca tener muy claro qué modelo de producción queremos para el futuro. Si dejamos que actúe libremente el mercado, al final tendremos unas pocas explotaciones intensivas. Si por el contrario, defendemos, como es nuestro caso, apoyar a las ganaderías en zonas con dificultades tendremos que hacer un planteamiento diferente. Efectivamente, no es lo mismo Cabrales que la Meseta.

-¿Lo entiende así el ministro Miguel Arias Cañete?

-Yo creo que sí. Nuestro modelo va calando en Madrid. Somos muy persistentes.

-¿Habrá modo de corregir el déficit de ayudas que padece el vacuno de carne en Asturias?

-Podría ser. Todo depende de cómo se articule el reparto. El reglamento da la posibilidad de que el Estado decida muchas cosas. Por eso decimos que esta Política Agraria Común es la menos común de la historia europea.

-¿Condiciona la negociación el hecho de que los gobiernos regional y nacional sean de distinto color político?

-No es un problema. Se trabaja con los distintos sectores y se plantea una estrategia que tiene mas que ver con eso que con el color político de la autonomía.

-El Ministerio asegura que no se perderán ayudas respecto al período anterior. ¿Comparte ese optimismo?

-Trabajamos desde esa premisa, para que el nivel de ayudas se mantenga. Nos estamos dejando la piel en la negociación. Asturias recibe 64 millones anuales para 11.000 beneficiarios. La primera premisa para conservarlos es que no haya trasvases entre territorios. Será determinante quién va a recibir ese dinero. El impacto en la región de eliminar a quienes no realizan actividad supone un 17 por ciento del total, unos 1.500 perceptores, la mayoría con más de 65 años. No es lo mismo repartir entre 11.000 que entre 9.500. La media nacional supera el 45 por ciento. Las ayudas hay que dirigirlas a quien trabaja en el campo.

-Las subvenciones europeas superan el sesenta por ciento de los ingresos de las explotaciones asturianas. ¿Hay futuro con esta PAC?

-Me gustaría que lo hubiera. La cuestión es hacer un reparto justo y dirigir el dinero a quien tiene que recibirlo. Si conseguimos que se tengan en cuenta nuestros handicaps de producción nos salvaremos.

-Supongamos que se mantiene el mismo nivel de ayudas. Aún así, ¿se ha perdido la oportunidad de paliar la diferencia histórica por hectárea que arrastra Asturias?

-Sabemos los efectos que puede tener el modelo planteado y hemos manifestado nuestras discrepancias. El reglamento permitía hacer otra cosa. El Estado podría brindar apoyo extraordinario a las primeras hectáreas, como en Francia, así se consigue equilibrar las rentas. En Asturias la media por explotación es de 25 hectáreas, con medidas de apoyo a las primeras 25, como planteamos nosotros, se hubiera conseguido el efecto redistributivo deseado.

-En Francia hay 300.000 beneficiarios de la PAC, en España 900.000... cuesta entenderlo

-Es difícil de explicar. Se han perpetuado unos derechos y no ha habido voluntad de cambio. Aún estamos a tiempo de cambiar cosas. Si se consigue eliminar del sistema a los agricultores que no tienen actividad, algo habremos avanzado. Hay voluntad de hacerlo. Por lo menos es lo que se nos dice. La medida no generará descontento social. En un contexto como el actual con tanto paro es una medida justificada socialmente y una manera de legitimar la PAC.

-A tenor de las 300 nuevas incorporaciones aprobadas en 2013, parece que los jóvenes regresan al campo.

-Al campo siempre se vuelve. Hemos batido récords con esos 300 expedientes presentados y aprobados. Otra cosa es que se enfoque bien el plan. Debería ser mas fácil optar a ayudas, por ejemplo, a través de derechos gratuitos almacenados en la reserva nacional. Empezar de cero es muy difícil.