No son los mismos silbatos que emplearon hace ocho años, ni tampoco las mismas pancartas. Pero sí repiten las reivindicaciones. El medio centenar de veterinarios de campañas de saneamiento que en 2005 arrancó a la consejería de Agroganadería el compromiso de mantener sus puestos de trabajo, se revela ahora contra los despidos que planea -tres de ellos ya ejecutados- la empresa pública Tragsa, a través de su división Tragsatec, a la que el Principado encomienda la realización del saneamiento animal.

Los facultativos salieron ayer de nuevo a la calle para reclamar a la actual consejera de Agroganadería, María Jesús Alvarez, que les defienda y que respete el acuerdo suscrito por su antecesora, Servanda García, tras una huelga de cuatro meses que estuvo precedida de otro conflicto en el año 2001, cuando el gobierno regional, entonces con Santiago Menéndez de Luarca al frente de los asuntos ganaderos, también trató de despedirles. "Lo que pedimos es que la consejería mantenga el pacto de 2005 y seguir haciendo nuestro trabajo". María Jesús Díaz, veterinaria, como la mayoría de sus compañeros, con más de 25 años de experiencia, calificaba ayer de "injusticia" la ruptura de un consenso que llegó tras sentencias judiciales que sentaron precedentes en España. "Yo firmé el acuerdo y me gustaría saber qué reproches tienen que hacer a nuestro trabajo, cuando ni siquiera se cubren las bajas cuando falta alguien", señala Díaz. Porque entre el colectivo cunde la sensación de que resultan "molestos" para la Administración. "Conocemos nuestros derechos y luchamos por ellos", indican. "Ésta es la tercera vez que nos despiden, todo ha ido encaminado a esto", denuncian.

El próximo martes los veterinarios acudirán a Madrid para apoyar a sus compañeros de otros puntos de España en el juicio contra el ERE de Tragsatec, que se celebrará en la Audiencia Nacional. El pasado día trece se celebró el relativo al ERE de Tragsa, que se encuentra a la espera de sentencia. "Si los despidos son improcedentes el sesenta por ciento de las indemnizaciones tendrá que pagarlas el Principado, en virtud de la antigüedad de nuestros contratos; el resto correspondería a Tragsa", explican los veterinarios. "No nos parece lógico que para eso no les duela el dinero y por otro lado que aleguen problemas económicos para despedir", resaltan los veterinarios. La empresa pública Tragsa planea despedir en Asturias a un total de 62 trabajadores, de los que 19 son titulados superiores.