El etiquetado obligatorio del origen de la leche trae de cabeza a la Unión Europea, con un intenso debate abierto entre los países que lo defienden, casi todos del Sur, y los que lo consideran un gasto innecesario, caso de la mayor parte de los grandes productores del norte del continente.

Aunque España no se ha posicionado de forma clara en ninguno de ambos bloques, los analistas del sector coinciden en asegurar que a las ganaderías e industrias españolas, y en especial a las de Asturias y regiones con duras condiciones para producir, les vendría de perlas especificar con claridad la procedencia de la materia prima empleada, tanto en los envases de leche líquida como en los productos elaborados.

Ahora que las cuotas lecheras han pasado a la historia, los países del Norte juegan todas sus bazas para seguir incrementando, aún más, su producción láctea. Ese aumento de producción va destinado a la exportación, y por eso los gobiernos de esos países argumentan que el etiquetado obligatorio del origen de la leche puede resultar lesivo para sus ventas en el exterior, de ahí que se opongan a la medida con vehemencia, como quedó de relieve en el Consejo Europeo celebrado esta semana.

Por el contrario, los países del Sur, deficitarios de leche, ven en el etiquetado obligatorio una forma de poder distinguir la producción doméstica de la importada, y de valorizarla, y por eso están a favor.

En la reunión del Consejo, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido, Croacia y Eslovaquia se manifestaron a favor del etiquetado obligatorio. Otros como Polonia y la República Checa apoyaron que fuera un etiquetado voluntario. España y Alemania no se posicionaron. La Asociación Láctea Europea, por su parte, explica que el etiquetado de origen obligatorio se traducirá en un complejo sistema de regulaciones con ninguna información útil adicional en lo que respecta a la calidad de los alimentos que puede adquirir el consumidor.

Para algunos consumidores la procedencia es importante, sobre todo para aquellos que siguen una línea proteccionista y desean adquirir productos nacionales para ayudar al tejido agroalimentario nacional, o simplemente porque les inspira más confianza el alimento que se produce en un determinado país.

La opinión de la Comisión ya venía recogida en sus informes, los cuales señalaban que el etiquetado obligatorio supondría un elevado coste que no compensaría el beneficio y que el consumidor no estaría dispuesto a asumir.