Luz verde para el pacto de la leche. Ganaderos, supermercados e industria firmaron ayer el acuerdo promovido por el Ministerio de Agricultura para frenar el desplome de los precios, originado por el fin de las cuotas y la puesta en marcha de un sistema de liberalización de mercado. El documento lo suscribieron 58 entidades. Es decir, todas menos los sindicatos agrarios COAG y UPA -representan a la mayoría de ganaderos de España-, que consideran que el texto es "inconcreto" y deja al productor "a merced" de la industria y de la distribución. La ministra Isabel García Tejerina opina, por su parte, que el pacto marcará "un antes y un después" y permitirá unir fuerzas para crear valor en la cadena. La titular de Agroganadería detalla que es un acuerdo "tan ambicioso" como el ordenamiento jurídico lo permite y recuerda que la fijación de precios mínimos está prohibida por la normativa europea. ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias consideran que el paso dado es "histórico" al suponer un "giro de 180 grados" en las relaciones comerciales entre los agentes del sector.

La oposición al pacto lácteo lo protagonizaron las organizaciones COAG y UPA, que desde el primer momento pidieron al Gobierno de España medidas más concretas así como garantías jurídicas para su correcto cumplimiento. Según estos sindicatos, el acuerdo deja "desamparados" a los ganaderos y advierten de que las movilizaciones no están desconvocadas. Desde COAG, el responsable de Organización, Andoni García, resalta que el texto "no responde a las demandas y necesidades" de los profesionales, ya que "no concreta ni garantiza unos precios que cubran los costes de producción". El acuerdo se basa, por tanto, en una "mera declaración de intenciones". Lo mismo opina el secretario de ganadería de UPA, Román Santalla, que sostiene que el pacto no tiene régimen sancionador ni garantiza un precio sostenible al productor. "No hemos visto una intención real de cambio de las reglas del juego por parte de los agentes de la cadena. Ha habido señales de buena voluntad, pero para nada generalizadas", agrega.

A consecuencia del rechazo de estos sindicatos, el portavoz socialista en la Comisión de Agricultura en el Congreso, Alejandro Alonso, considera "lamentable" que el Gobierno central no haya conseguido un acuerdo equilibrado, ya que a su juicio nace "cojo" al no contar con los principales representantes de los ganaderos. El PSOE no entiende por qué "en España no se hacen las cosas igual que otros países, como Francia, donde se ha sellado un acuerdo que garantiza que no se puede vender leche por debajo de los costes de producción".

Sin embargo, la ministra Isabel García Tejerina cree que el acuerdo -entrará en vigor dentro de diez días- se traducirá dentro de unos meses en precios más altos para todos los eslabones del sector y especialmente para los ganaderos. Prueba de ello, destaca Tejerina, es que los supermercados se comprometen a dejar de utilizar la leche como producto de reclamo y a poner en marcha fórmulas de contratación con la industria que permita a esta última organizar mejor sus compras a los ganaderos y en definitiva obtener mayor valor. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces) manifiestan que el acuerdo es el "punto de partida común" a partir del cual iniciar un proceso que "debe redundar en una mejora de las condiciones que permitan la sostenibilidad y competitividad de la cadena de valor". En este contexto, los supermercados matizan que asumen el documento bajo "el estricto cumplimiento" de la normativa de competencia y respetando "en todo momento la libertad de cada operador para definir sus propios modelos y estrategias comerciales".

Por su parte, la industria, la tercera pata del pacto de la leche, se compromete a través de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) a aplicar en sus contratos, precios y volúmenes de compra que, en concordancia con la evolución del mercado, contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones.

Las empresas también garantizan al productor la recogida de leche y aseguran que compartirán los precios de cesión a la distribución con el fin de saber cuáles son sus beneficios. Para ello, promoverán en el seno de la Interprofesional INLAC, la cual preside el asturiano Ramón Artime, un contrato tipo de compraventa para mejorar la transparencia en las relaciones entre los ganaderos y sus primeros compradores.

En el acuerdo también juega un papel fundamental las cooperativas agrarias, que promoverán la constitución de organizaciones de productores que integren a ganaderos individuales y a los socios de las cooperativas de producción láctea, de forma que integren al mayor número de ganaderos posibles. Ello permitirá a los profesionales tener una mayor capacidad de negociación ante los gigantes de la industria y la distribución. "El acuerdo es histórico porque por primera vez nos hemos unidos todos los representantes del sector", destaca Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias.

El Ministerio de Agricultura anunció, tras la firma del acuerdo, que mañana propondrá el Real Decreto para conceder ayudas a ganaderos por valor de 300 millones de euros y 80 millones adicionales del Estado. Asimismo, el Gobierno dispondrá de 11 millones para la promoción de los productos lácteos.