Los ganaderos asturianos esperan con impaciencia la distribución de las ayudas destinadas a paliar la aguda crisis que arrastra el sector lechero desde hace unos meses, especialmente desde el fin oficial de las cuotas, el pasado mes de abril. En esta misma línea, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, instó ayer al Ministerio de Agricultura a que negocie cuanto antes el criterio de reparto del dinero, para que lleguen de inmediato a los ganaderos.
Álvarez recalcó que el Reino Unido ya ha hecho pública la distribución de sus fondos con la misma fórmula de ayudas a la producción que defiende Asturias. El Principado insiste en la necesidad de que el Ministerio de Agricultura presente cuanto antes los criterios de reparto para atajar la crisis de precios, antes de que los fondos lleguen. La Consejera realizó las declaraciones en el Colegio Público Gesta II, donde participó en los actos conmemorativos del "Día mundial lácteo", centrados en el consumo de lácteos en la escuela.
Sobre el real decreto publicado el pasado martes en el BOE por el que se establecen las normas reguladoras para la concesión directa de ayudas al sector lácteo, los 300 euros por explotación consignados por el Gobierno de España, la consejera ha reiterado el "desacuerdo" del Principado con el planteamiento del Ministerio que, a su juicio, "va en la dirección equivocada porque es una medida meramente coyuntural que no contribuye a estructurar el sector".
Entre las organizaciones agrarias reina un criterio dispar. Mientras que ASAJA apoya la postura del Gobierno, COAG y UCA-UPA rechazan los criterios fijados. "Los beneficiarios van a contarse con los dedos de la mano", según manifestó Joaquín López, secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias.
López lamenta que el sistema propuesto no tiene en cuenta el volumen de producción que tenían las ganaderías con las cuotas lácteas y tampoco valora si una explotación ha invertido o no en genética. Con todo, las subvenciones "no premian a los profesionales que han hecho todo lo posible por obtener buenos resultados en tiempos de crisis", matiza. En la misma línea se pronuncia Mercedes Cruzado, responsable de COAG Asturias, que critica al Gobierno de España por no haber consensuado la distribución de las ayudas con las organizaciones agrarias.
"Se han fijado unos malos criterios, porque se está diciendo que el que cobra la leche a 28 céntimos no va a recibir ninguna subvención. ¿Y qué es que ese ganadero está cubriendo costes? Pues no", espeta Cruzado, que cree que las ayudas son discriminatorias y "no van a ayudar" a la región. Por su parte, Ramón Artime, de ASAJA Asturias y presidente de la Interprofesional láctea Inlac, que mantiene una posición favorable a las ayudas, reconoce que en el reparto se ha producido una "pequeña discriminación".
"Se sabe a que los ganaderos de Central Lechera Asturiana no les va llegar nada, pero al resto, a una parte importante, puede que sí", agrega. El gozoniego recuerda además que en España todavía está pendiente la distribución de las ayudas europeas (25,5 millones) y prevé un reparto "más lineal". Sin embargo, COAG y UCA no son tan optimistas y advierten que como se utilicen los mismos criterios que los actuales, el dinero "no pasará el Negrón".
El real decreto establece las normas que regulan la concesión de ayudas directas (ayudas de mínimos) destinadas a compensar las dificultades económicas en el sector lácteo. Estas ayudas se conceden como línea de apoyo directo a los productores del sector lácteo con dificultades económicas. La subvención consistirá en un único pago por animal subvencionable para los productores de vacuno de leche.
Los animales aptos para recibir ayudas son las hembras que tengan una edad igual o mayor de 24 meses, que sean de la especie bovina de aptitud láctea. Los beneficiarios deben ser titulares de la explotación donde se ubiquen los animales elegibles, que debe estar registrada en el Ministerio. También deben consignar haber realizado entregas de leche a compradores durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015.
Además, tienen que estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tener pendiente ningún reintegro en materia de subvenciones públicas. A ello se añade que no hayan alcanzado durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015 unos umbrales de rentabilidad determinados.
