El polémico reparto de las subvenciones agrarias

Las ayudas de Rajoy al sector lácteo sólo benefician a 281 ganaderos asturianos

El Principado, con un monto de 563.000 euros, el 2,8% de los 20 millones comprometidos, es una de las regiones más desfavorecidas en el reparto

23.10.2015 | 04:11

Estupor e indignación se mezclan a partes iguales en las ganaderías regionales ante el desigual reparto de las ayudas prometidas por el Gobierno de Mariano Rajoy para paliar la crisis que padece el sector. Solamente cobrarán 281 ganaderos de los 2.126 que entregan leche oficialmente en la región, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) relativos a los últimos meses.

Además, de los 20 millones de euros que recibirá el vacuno de leche en España, a la ganadería láctea del Principado le corresponden 563.000 euros, alrededor del 2,8 por ciento del total, y una cantidad insuficiente a juicio de los ganaderos.

Las cifras están calculadas en base al precio medio de la leche en la región. Los ganaderos con derecho a subvención son, precisamente, los que perciben por debajo de la media, que ronda los 32 céntimos por litro. Aunque parezca una paradoja, el buen comportamiento de los precios en Asturias, propiciado por la política de Central Lechera Asturiana, que recoge el grueso de la leche que se produce en la región, juega esta vez en contra de los ganaderos.

La situación de Asturias contrasta con de Galicia, donde cobrarán las llamadas ayudas de mínimis más del 65% de los ganaderos que venden leche a la industria. Fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA también apuntan a un notable descontento en el Gobierno regional y en la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, cuya titular, María Jesús Álvarez, ha reclamado de forma reiterada un trato justo para el Principado en la distribución de las ayudas compensatorias, pensadas para paliar la crisis de precios lácteos.

El departamento que dirige Isabel García Tejerina ha decidido obviar los costes de producción como criterio a la hora de establecer los umbrales para el cobro de las ayudas de mínimis, y ha establecido un umbral lineal que deja fuera a la mayor parte de los productores asturianos.

El sindicato COAG, cuya secretaria en Asturias es Mercedes Cruzado, denuncia que dejar la concesión de la ayuda sólo en el precio de venta del producto, sin tener en cuenta los costes de producción, los niveles de inversión y amortización responde más a un criterio político que técnico. "No se ha hecho una evaluación real de los rendimientos netos de la explotación. ¿Cómo se va a determinar el nivel de renta de un ganadero si no se tienen en cuenta los costes de producción?", indican. El Ministerio ha establecido las ayudas en dos niveles: uno de 300 euros por vaca, que se pagará a quienes hayan vendido el litro de leche por debajo de 25 céntimos, y otro de 110 euros por vaca a quienes hayan vendido por debajo de 28 céntimos por litro. Con esos datos, Asturias queda muy alejada de las ayudas.

Las organizaciones ganaderas opinan que el llamado "paquete lácteo" -la normativa elaborada por la Comisión para paliar la crisis sin precedentes que vive el sector lechero- no ha supuesto una solución a los problemas de los ganaderos, sino que los ha dejado a la merced de la industria.

Una de las medidas del paquete es la firma obligatoria de contratos entre los ganaderos y las industrias. Consideran que si esos acuerdos no incluyen como factores variables los costes de producción, sólo beneficiarán a la industria, que impondrá sus condiciones. Añaden que, en la práctica, los contratos pueden convertirse en una privatización de la política láctea de la UE.

COAG ya había denunciado que con la eliminación del sistema de cuotas lácteas, el pasado mes de abril, los ganaderos quedarían a merced de las industrias y presionados por las importaciones de leche desde los países del centro y norte de Europa, donde los costes de producción son más reducidos. Y ha exigido medidas de regulación de mercado para apoyar la sostenibilidad del sector lácteo. Las ayudas no dejan de ser "un parche que no soluciona el problema estructural del sector y más si no se usan con criterios técnicos y objetivos, sino políticos", señalan.

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