Los ganaderos exigen al Principado que elimine la prohibición de pastar como mínimo un año en los montes quemados, al considerar que pone en peligro la actividad agrícola. Los sindicatos defienden que las zonas incendiadas se regeneran más rápido si son pisadas por los animales e impiden que brote de nuevo el matorral. "Si excluyen al ganado, los montes vuelven a su situación inicial: hay maleza y riesgo de incendios", critican. A nivel nacional, señalan, el Gobierno modificó en julio la ley de Montes y permite ahora que las vacas pasten en terrenos dañados por el fuego. En cambio, en Asturias sigue estando prohibido por un plazo mínimo de un año. "¿Cómo puede la Administración echarnos de una propiedad que es nuestra?", denuncian. El Gobierno regional advierte de "quien pida que no se acoten las zonas quemadas, está pidiendo que se incumpla la ley". Las multas son de entre 100.000 y un millón de euros. Pese a ello, los sindicatos no descartan poner en marcha medidas de presión para conseguir que la consejería de Desarrollo Rural "recapacite y se de cuenta de que la ganadería extensiva es la herramienta más eficaz y barata para la prevención de incendios".

A juicio de la secretaria de COAG Asturias, Mercedes Cruzado, "el intervencionismo salvaje" del Principado "está acabando con los montes". "Ahora mismo son inservibles, no generan actividad ni economía. Los tenemos llenos de matorral y así es como pueden quemar concejos enteros". La organización agraria ha iniciado una campaña en contra de los acotamientos, que tras la oleada de incendios de diciembre, afectan a un gran puñado de hectáreas. "No entendemos por qué cuando se hacen quemas controladas, autorizan la entrada de ganado para que fijen el terreno y lo abonen. Y cuando son fuegos de otros tipo, cierren el monte. ¿En qué se basan?", se queja José Ramón García, secretario de la Unión de Campesinos Asturianos. "Nosotros creemos que es una sanción encubierta para culpabilizar a los ganaderos de las quemas", critica Mercedes Cruzado, de COAG.

La secretaria general de ASAJA, Geli González, considera que el veto de al menos un año al ganado es "demasiado largo". Aunque lo que más molesta a su organización es que los campesinos no puedan declarar la superficie quemada en la Política Agraria Común. "Por los montes incendiados o en aquellos donde el matorral es abundante recibimos cero ayudas. Y eso nos hace un perjuicio muy grande", dice José Ramón García. El representante de UCA critica además que es "muy difícil" impedir que las vacas entren en las superficies dañadas por el fuego, ya que están acostumbradas a pastar en ellas. "La Administración no cierra la zona, en todo caso lo tenemos que hacer nosotros, y tal y como están las cosas en el sector ganadero como para gastar también en ello", sentencia.

Por su parte, la consejería del Desarrollo Rural y Recursos Naturales asegura que el Gobierno reguibak se limita a cumplir la legislación vigente. Por tanto, "si alguien pide que no se acoten las zonas quemadas, está pidiendo que se incumpla la ley". El Principado avisa de que "si no se realizasen los acotamientos, cualquier ciudadano o asociación podría llevar a la fiscalía a los responsables de la consejería por cometer un delito". En este sentido, explican que la única motivación de prohibir la entrada de ganado es regenerar la vegetación afectada. "Los acotamientos no son expedientes administrativos sancionadores de carácter general, tampoco suponen estigmatizar o culpabilizar a ningún colectivo", concluyen.