Salvar a las regiones europeas de montaña de una lenta muerte segura, a través de su inclusión en la política de cohesión y los fondos estructurales. Ése es el objetivo plasmado en el informe aprobado el pasado jueves en el Parlamento europeo, que por primera vez en la historia de la UE exige a la Comisión un ambicioso "plan de rescate" para zonas de difícil orografía que, como Asturias, arrastran graves pérdidas de actividad económica y población.
La montaña copa el 30% del territorio de la Unión, en Asturias supera el 75% de la superficie, aunque a afectos europeos el 90% del territorio regional está considerado como tal. La Comisión de Desarrollo Rural y su ponente, la eurodiputada búlgara Iliana Iotova, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, han elaborado un informe que parece hecho expresamente para beneficiar a Asturias, como señala el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández, integrante de la Comisión y compañero de filas de Iotova.
El documento que ha pasado el filtro de la Eurocámara para ser enviado a la Comisión, a la que corresponde la parte ejecutiva, defiende las mismas tesis que la consejera asturiana de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, ha defendido desde que en 2013 Bruselas emprendió la recta final de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC): un tratamiento específico para compensar a las regiones de montaña, en desventaja de condiciones.
Las peticiones del Gobierno del Principado no fueron atendidas por el Gobierno de España, que optó por un modelo de reparto de los fondos en el que Asturias pierde dinero respecto al periodo anterior 2007-2013. El Principado tiene ahora ante sí una oportunidad de oro para resarcir las deficiencias de la PAC, que ya sólo por su planteamiento básico -el cálculo de las ayudas en función de las hectáreas- prima a los grandes latifundios del centro y sur de la Península. Los defensores del informe consideran que las regiones de montaña deben integrarse en todos los aspectos de las políticas de la Unión Europea, "incluida la política de cohesión, mediante la incorporación de una evaluación del impacto territorial".
Asturias podría beneficiarse doblemente, ya que como las nuevas ayudas europeas se concederán en función de los proyectos presentados primar a los concejos de montaña no supondría detraer recursos para otras áreas de la región. Jonás Fernández destaca que la Unión no cuenta con una política específica para las regiones de montaña, y señala que las políticas, programas y estrategias ya existentes que tienen un efecto indirecto sobre estas zonas dan motivos para una "Agenda para las regiones de montaña de la UE", que debe servir de base para una estrategia de la Unión destinada a conseguir el desarrollo a largo plazo de las regiones montañosas y las zonas dependientes de ellas.
Esa "Agenda para las regiones de montaña de la UE" debe establecer prioridades para las regiones sin llanuras, a fin de que las políticas sectoriales puedan adecuarse mejor a través de fondos de la Unión.
El documento del Parlamento europeo también subraya la importancia de "generar sinergias entre políticas, instrumentos y sectores", y destaca la valiosa experiencia adquirida con la aplicación del Convenio de los Alpes, que podría servir de orientación a Asturias, centrado en reconciliar los intereses económicos, sociales y medioambientales.
El estudio baja al detalle y resalta el problema de la escasez de tierras utilizables en las regiones de montaña, fuente potencial de conflictos sobre el uso de la tierra.
Por ello pide a los estados que diseñen y apliquen herramientas de planificación espacial; sin ir más lejos, en el caso asturiano los planes de concentración parcelaria en vigor desde hace años.
