11 de agosto de 2016
11.08.2016

Desarrollo Rural admite que otorgó por error permisos de caza en época de veda

El Principado aduce que sólo se ejecutaron dos cacerías y el PP pide la dimisión de la Consejera

12.08.2016 | 03:49

La Consejería de Desarrollo Rural adjudicó por "un error administrativo" diecisiete permisos de caza de rebeco hembra en época de reproducción de la especie y por tanto inhábiles para su captura. Cuando el pasado junio se advirtió el fallo se habían concedido diecisiete de las 31 licencias previstas en las reservas regionales de caza de Somiedo y Caso y sólo se habían ejecutado efectivamente dos cacerías a rececho en Teverga, por lo que "la especie no se va a resentir", afirma el director general de Recursos Naturales, Manuel Calvo. Tras lamentar la equivocación y aducir que se subsanó en cuanto se tuvo conocimiento de ella, la Consejería se ha puesto a disposición de la Fiscalía del Principado, que investiga los hechos a instancias de una denuncia interpuesta por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada del Principado (Avispa).

El error se fundamenta en no haber tenido en cuenta la previsión de veda de la época de celo y reproducción de los rebecos, en primavera, al asignar los diecisiete permisos. Al percatarse del fallo, sigue Calvo, los quince correspondientes a cacerías que no se habían celebrado fueron anulados, catorce de ellos reubicados en fechas hábiles del calendario de la caza del rebeco y a uno, por solicitud de su adjudicatario, se le devolvió el dinero desembolsado.

Desde la oposición, PP y Foro se apresuraron a exigir la asunción de responsabilidades a la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez. El diputado popular Luis Venta entiende la autorización de las cacerías como una "infracción grave" y censura que la titular del departamento sea "la primera en incumplir las normas que ella misma dicta y exige a los demás", añadiendo que esa violación de las normas está "tipificada como grave y se sanciona con multas que van desde los 1.500 hasta los 7.500 euros".

Reproduciendo argumentos similares, la parlamentaria autonómica de Foro Carmen Fernández afirma que la investigación de la Fiscalía induce a pensar que "el principal furtivo en Asturias es la Administración socialista, que elabora normas que aplica con rigor a los ciudadanos pero que ella misma incumple sistemáticamente". El grupo forista anuncia una petición de comparecencia de la Consejera para pedir cuentas sobre este asunto.

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