La Política Agraria Común (PAC en español, CAP por sus siglas en inglés), cumple treinta años de implantación en España y, por tanto, en Asturias. Una de las dos grandes políticas comunes que resisten en la UE (la otra es la Regional), está de aniversario con más luces que sombras, según la percepción general del sector regional. Y, sobre todo, llega a la madurez con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá en la siguiente reforma prevista, que será la sexta desde que este conjunto de medidas proteccionistas para el campo echaron a andar en virtud del Tratado de Roma, hace casi medio siglo.
Bruselas envía cada año unos sesenta millones de euros al campo asturiano. Las ayudas directas han sufrido una llamativa disminución de casi cuatro millones de euros desde que en 2015 irrumpió la PAC, que dejó diseñada el excomisario rumano Dacian Ciolos y le tocó rematar al actual "ministro" europeo de Agricultura, el irlandés Phil Hogan. El gran cambio de la quinta modificación de la PAC vino dado por el cálculo de las ayudas en relación a las hectáreas. Esta PAC consolida el modelo de producción respetuoso con el medio ambiente, pero no ha resuelto las desigualdades que sufren los alrededor de 8.000 perceptores asturianos frente a otras regiones. La Política Agraria Común tampoco ha conseguido estabilizar los precios y aumentar la rentabilidad de las 2.300 explotaciones lecheras asturianas, que empiezan a ver la luz al final de un largo túnel de bajos precios.
¿Qué han significado los mecanismos de regulación del mercado agroalimentario para una Asturias que en 1986 estaba empezado a dar pasos hacia la modernización agrícola, animada por el impulso de Central Lechera? El sector agrario asturiano tiene en general una visión positiva, aunque con alta carga crítica. En el Principado 1.520 ganaderos reciben entre 10.000 y 20.000 euros. Otros 108 agricultores cobran entre 25.000 y 30.000; 63 entre 30.000 y 35.000; 45 están en la horquilla de 35.000 a 40.000; 29 entre 40.000 y 45.000. En el listado oficial aparecen ocho con más de 45.000 euros; cinco entre 50.000 y 55.000; la misma cantidad que en el siguiente escalón, de 55.000 a 60.000. Cuatro suman pagos de 60.000 a 80.000 euros, y un solo ganadero del Principado cobra 91.000 euros anuales. El resto percibe menos de 5.000 euros.
El reguero de millones es constante desde finales de los años ochenta. El campo ha dado la vuelta. Las ganaderías son como laboratorios, en contraposición a los viejos establos construidos debajo de la casa. La producción láctea asturiana, de unas 550.000 toneladas anuales, ha crecido aun con la sangría de explotaciones. En 1986 había 30.000. Ahora bien, todo esto se ha hecho a costa de cambiar el modelo productivo de pastos por el de la estabulación, algo que muchos expertos consideran "antinatural" en una tierra como Asturias. Además la agricultura y el sector forestal han sido los grandes sacrificados en el proceso. Las antaño productivas vegas asturianas yacen abandonadas. La leche se ha consolidado como monocultivo y el sector agroalimentario se ha hecho altamente dependiente de la producción que copa el 70% de la riqueza agraria regional.
"La PAC ha permitido la modernización del sector primario español y asturiano (modernización de la que los protagonistas han sido, sin duda, los agricultores y ganaderos). Los fondos europeos de la PAC han contribuido de forma decisiva a la mejora del nivel de vida en el campo", asegura María Jesús Álvarez, consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado. La Consejera, que suma su segunda legislatura al frente del sector agrario asturiano, y que siempre ha sido combativa con la reforma que culminó en 2015, con un año de retraso según la hoja de ruta, estima que "la PAC contribuye a la renta de los agricultores y ganaderos, compensa los elevados costes de producción derivados del modelo europeo -muy exigente en cuanto a respeto ambiental y bienestar animal- y palía en buena medida la dificultad de los bajos precios de los productos agrarios". A la vez, destaca que ha sido una política marcada por las continuas reformas, "lo que se ha traducido en incertidumbre para los profesionales y, en lo que tiene que ver con la última reforma y su aplicación en España, una ocasión perdida para garantizar un sector primario que provea de alimentos sanos y seguros a los ciudadanos y orientada a los profesionales contribuyendo al empleo en el campo", añade.
Álvarez considera necesario recuperar medidas de mercado, "una herramienta imprescindible para sortear crisis de precios como las que atraviesa el sector lácteo". En ese punto la Consejera coincide con el presidente de ASAJA y vicepresidente de INLAC, Ramón Artime, quien opina que "la mayor preocupación para el futuro debe ser, por tanto el mercado. Mas del 70% de nuestras rentas vienen del Mercado y la volatilidad de los mercados es lo que debe preocuparnos". Las nuevas reformas deberán hacer un especial hincapié en cómo "racionalizar" la volatilidad de manera que se pueda seguir produciendo para satisfacer las necesidades alimentarias.
El director general de Central Lechera Asturiana, Francisco Sanmartín, se muestra convencido de que la PAC ha sido "una excelente oportunidad para el sector agrario asturiano", con riesgo de perderse, a tenor de lo que apuntan las nuevas reformas anunciadas. Es cierto que el peso presupuestario de la PAC ha caído hasta pasar del 80% que suponía a finales de los 80, al 35% actual.
La gran pregunta estriba en saber hasta dónde llegarán los recortes aplicados por la Comisión y qué países y sectores tendrán prioridad en los próximos años, en un escenario marcado por la salida del Reino Unido de la UE. Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG, reclama que las ayudas vayan a los agricultores reales. El secretario general de UCA-UPA, José Ramón García Alba, también teme que los cambios vengan acompañados de nuevos tijeretazos.
En la Comisión defienden la supervivencia de la PAC, pero sin dar más detalles. La Política Agraria se ha hecho mayor, también más cautelosa.
