«Si a los menores se les da responsabilidad para abortar, también la deberían tener en lo penal»

POR ROMÁN GARCÍA MARCOS LEÓN Después de licenciarse Javier Menéndez Barbón dio sus primeros pasos profesionales trabajando durante dos años en el gabinete jurídico del sindicato Comisiones Obreras. Posteriormente continuó su actividad en la abogacía en el campo de la defensa de los derechos de los trabajadores de la mano de la Unión Federal de la Policía, donde, a día de hoy, desarrolla su labor defendiendo a los funcionarios policiales que desarrollan su trabajo en las calles gijonesas.

-Se habla estos días de la necesidad de aumentar las penas de cárcel que cumplen los delincuentes que han cometido determinados delitos graves. ¿Cómo lo ve?

-Hay determinadas penas que deberían endurecerse, de eso no cabe duda. Algunos delitos tendrían que ser castigados más duramente, pero todo tiene sus límites. La cadena perpetua, por ejemplo, no me parece una solución, ya que sería una medida inconstitucional si no se reformara la Carta Magna que rige nuestro ordenamiento jurídico. De todas maneras, el debate debe comenzar con el cumplimiento íntegro de las penas. En muchos casos he conocido a delincuentes que habían cometido delitos muy graves, que fueron condenados y que se pudieron rehabilitar tras el paso por la cárcel, pero en otros casos el resultado es justo el contrario. Salen peor de la cárcel de lo que entran. No por estar 14 años entre cuatro paredes consigues que un delincuente se rehabilite. Los años de prisión no siempre significan una reinserción.

-Entonces ¿cuál es la solución?

-Algunos reclusos necesitan otro tipo de tratamientos que no se dan en la cárcel. Tenemos que dotarnos de centros especializados y hasta entonces hay que cumplir las máximas penas. Los centros penitenciarios en este momento retienen a los internos durante un determinado tiempo, pero no los reeducan ni los reinsertan, porque no tienen medios para hacerlo. Hay determinados delitos que precisan un tratamiento especializado que no pase sólo por años de cárcel.

-¿Más seguridad a costa de menos libertad?

-Tendríamos que dar ese paso definitivo. El procedimiento judicial debe hacerse con las máximas garantías, porque siempre hay una serie de atenuantes a tener en cuenta a la hora de imponer condenas, pero una vez que el preso está condenado, tiene que cumplir las penas íntegramente. Lo que no puede ser es que una persona esté continuamente entrando y saliendo de la cárcel. Eso demuestra que el sistema no funciona.

-Algunos políticos pidieron que la edad penal se baje a los 16 años. ¿Está de acuerdo con que se lleve a cabo esta medida?

-En los menores hay un problema educacional muy grave. En la sociedad en la que vivimos todos debemos respetar las leyes y las normas. El Gobierno es garantista en todos los sentidos, sobre todo con los menores. Está claro que en la sociedad ha habido un cambio importante. A nosotros se nos educaba en el respeto de la autoridad, pero los menores no ven ese principio en ningún sitio, ni en casa, ni en la calle ni en el centro de estudios. No tienen respeto casi por nada. Me he encontrado a menores que amenazan a sus padres con denunciarles si les pegan, y eso es una situación muy incómoda. Si les estás dando madurez para una determinada serie de actuaciones como la nueva ley del aborto, los menores también tendrían que tener esa mayoría de edad para responder por sus actos delictivos si los cometieran.

-¿Esos menores conocen el Código Penal?

-En muchas ocasiones ellos mismos saben que la pena que se les va a aplicar es mínima y por eso cometen los delitos. Soy totalmente favorable a la bajada de la edad penal a los 16 años.

-También existe una nueva realidad social que tiene que ver con la inmigración...

-Ese problema habría que haberlo solucionado en su momento. Se ha intentado justificar la inmigración con el pasado emigrante de nuestro país, pero en esta afirmación hay que hacer varios matices. De lo que no nos damos cuenta es de que cuando la gente emigraba desde España tenía un contrato de trabajo. Sólo marchaban las personas que iban a trabajar y que tenían un contrato en la mano. A día de hoy en España se ha favorecido, además, el reagrupamiento familiar, por lo que viene uno a trabajar y luego le acompaña toda su familia, más en este momento con lo precario que está el sistema económico en todo el mundo.

-La policía se encuentra con numerosos problemas a la hora de llevar a cabo esas detenciones...

-Las detenciones son complicadas. Normalmente los delincuentes extranjeros no tienen domicilio fijo y cuando son detenidos en una ciudad se marchan rápidamente a otra en la que no se los puede identificar. Hay un colectivo inmigrante muy importante que está ocupando muchos puestos y que no se integra en la sociedad. En Gijón no lo vemos mucho, porque somos una ciudad pequeña, aunque ya empezamos a notar la existencia de una especie de «guetos» en los que no se acepta a los españoles. Ahora hay que adaptar las leyes a una nueva realidad social.

-Las leyes son también interpretables... ¿Hasta que punto cuenta la decisión el juez?

-Partimos de la base de que la ley, en la mayor parte de los casos, no deja de ser una norma escrita por los políticos aunque estén asesorados por juristas. Las reglas tienen una ambigüedad elevada. Y eso es difícil de entender para un cliente. Con la ley en la mano los jueces se mueven en una banda de interpretabilidad y eso no es malo. En España contamos con profesionales preparados para hacerlo. Los partidos políticos, y eso es algo lógico, crean leyes conforme a su programa y a las alarmas y necesidades sociales que van viendo en su entorno.

-Como abogado de la Unión Federal de la Policía, ¿considera que los agentes sufren de una cierta desprotección social?

-La Policía Nacional está muy bien valorada por el ciudadano, pero entiendo que a nivel de funcionario su trabajo no está reconocido. Sin ir más lejos se podría hablar de las remuneraciones. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía cobra menos que cualquier otro de cualquier cuerpo autonómico. Otra tema sería el de la desprotección: si no es por la labor de los sindicatos policiales los funcionarios no tendrían defensa posible ya que para ellos el abogado del estado es una representación que en la práctica no existe. Es difícil de entender que en cualquier intervención policial en la que tienen que usar la fuerza mínima imprescindible tengan que justificar cada paso que dan y, si no, se les abre un expediente. Algunos ciudadanos que han cometido un delito presentan denuncias sólo por rasguños en la cara causados en una actuación. La Policía no puede repartir tarjetas de visita; si alguien se fuga o se resiste, puede recibir cualquier tipo de golpe. En cierta forma hemos pasado de un Estado autoritario a uno totalmente garantista.

Javier Menéndez Barbón es licenciado en Derecho y ejerce desde un despacho situado en El Coto, donde está acompañado por su mujer, también abogada, Sylvia Garrido. Desde hace unos meses combina los casos de particulares con los que le llegan del sindicato Unión Federal de Policía. En esta institución Menéndez defiende cada día a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la ciudad, que en ocasiones se encuentran con denuncias y pleitos que tienen que ver con su trabajo diario.