Un fallo pionero condena al Ayuntamiento por no actuar ante el exceso de ruido en los bares

El Consistorio langreano deberá pagar 4.000 euros a un vecino que denunció 27 veces a un pub anexo a su casa

 

Langreo, M. Á. G.


El exceso de decibelios saldrá caro al Ayuntamiento de Langreo. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo ha condenado al Consistorio al pago de una indemnización de 4.000 euros a un vecino de La Felguera, afectado por el ruido procedente de un bar de copas colindante con su domicilio. El fallo censura la «flagrante pasividad» de la Administración municipal ante las reiteradas denuncias -un total de 27- presentadas por el demandante. Se trata de una sentencia pionera, ya que es la primera vez que un juez condena a un Ayuntamiento por dejación de funciones a la hora de hacer frente a los ruidos de los locales de copas y garantizar el descanso de los vecinos.


Fuentes jurídicas consultadas por este diario explicaron que, hasta ahora, las condenas similares contra consistorios se habían producido por causas puntuales, como una medición incorrecta del volumen de decibelios. Sin embargo, nunca se les había impuesto una responsabilidad civil derivada por permanecer inactivos ante las denuncias. Las mismas fuentes resaltaron que la sentencia es pionera en su campo y que abre una nueva vía jurídica para abordar este tipo de casos.


Según figura en el fallo, los hechos se remontan a principios de 2005, cuando el demandante -representado en el proceso posterior por el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra- presentó la primera denuncia ante el Ayuntamiento quejándose de las molestias generadas por la actividad del pub Bábaro, ubicado en el barrio de La Pomar, en La Felguera. Las reclamaciones se sucedieron entre marzo de 2005 y abril de 2006. En noviembre de 2005, el Ayuntamiento impuso a la empresa titular del establecimiento una sanción de 90 euros, ya que las mediciones realizadas por los técnicos municipales superaban los límites de decibelios establecidos.


Ese mismo mes, el vecino afectado presentó una solicitud ante el Consistorio en la que reclamaba la clausura del pub, la incoación de un expediente sancionador a la firma titular del local y el pago de 24.000 euros en concepto de indemnización. Al pasar el tiempo sin recibir respuesta, el demandante presentó un recurso contencioso-administrativo al entender que su petición había sido desestimada por silencio administrativo.


Ahora el juez da la razón al recurrente -representado por el catedrático Raúl Bocanegra- y censura la «dejación» de la Administración municipal, que desde la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2005 «no ha desplegado actividad alguna tendente a comprobar la realidad de lo denunciado (...) y ello a pesar de que el demandante había reiterado hasta en 27 ocasiones su denuncia». El fallo también subraya que el Ayuntamiento era conocedor de que el local carecía de limitador de ruido y que, en las diferentes mediciones realizadas, los niveles de ruido eran superiores a los permitidos en la licencia. La sentencia explica que el exceso de ruido hacía «prácticamente imposible el descanso» en la vivienda. Sin embargo, según el fallo, el Ayuntamiento «se limitó a imponer una ridícula sanción de 90 euros, haciendo caso omiso al calvario por el que habían venido pasando los demandantes». Además, el juez expone que el domicilio es «inviolable», también frente a «los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada».


La resolución, contra la que cabe recurso, desestima el cierre del local, al tratarse de una competencia de la Administración. También descarta la apertura de un expediente sancionador contra el pub, por entender ya lo aplicó el Ayuntamiento en 2005.

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