Miguel Á. GUTIÉRREZ
Sotrondio,
El futuro del sector sociosanitario de la región pasa por Sotrondio. La pretensión del Principado de privatizar la gestión de la residencia geriátrica construida en la localidad con dinero público podría suponer un punto de inflexión en el modelo de atención a personas mayores desarrollado hasta el momento en Asturias. El Gobierno regional insiste en que el sistema actual ya es mixto y que la administración privada de los equipamientos públicos no conllevará una merma de la calidad asistencial. Los sindicatos, contrarios a la medida, han planteado el caso de Sotrondio como una «guerra preventiva», ya que consideran que puede abrir la puerta a una cascada de privatizaciones en el sector. Por su parte, vecinos y pensionistas reclaman que la instalación sociosanitaria «se abra de una vez» y que ofrezca unos servicios «de garantías».
En los último años, Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA) ha externalizado de forma parcial algunos de los servicios de sus residencias y gestiona otras a través de convenios, todos ellos suscritos con instituciones o entidades sin ánimo de lucro. El de Sotrondio se podría convertir, de esta forma, en el primer geriátrico público de la región administrado enteramente por una empresa privada.
La viceconsejera de Centros, Familias, Infancia y Mayores de la Consejería de Bienestar, María Teresa Ordiz, indicó ayer que, con su postura, lo que el Principado hace es «respetar» el convenio que en 2007 firmaron Sedes y la Consejería de Bienestar Social, gestionada entonces por IU. Ordiz aseguró, no obstante, que la privatización de la gestión «no implicará una merma de la calidad», ya que las condiciones de adjudicación del contrato «garantizarán una ratio de trabajadores, un programa de calidad y unos servicios complementarios, todo ello supervisado de manera continua y exhaustiva por los inspectores».
Los sindicatos no las tienen todas consigo y desde hace dos meses organizan concentraciones frente a los centros de trabajo del ERA de toda Asturias. Tanto UGT y CC OO dejaron constancia de la profesionalidad de los trabajadores del sector privado, pero subrayaron que la entrada de empresas con ánimo de lucro en el ámbito público generará una reducción de la calidad asistencial y un aumento de la precariedad laboral.
«Una empresa privada busca obtener beneficios y eso siempre reduciendo costes de personal. Sotrondio será la primera experiencia, pero tememos que pueda ocurrir lo mismo con las residencias de Pola de Siero y Montevil (Gijón)», apuntó Generosa Tamargo, delegada de CC OO en el ERA. Por su parte, Isabel Arias López, presidenta del comité de empresa del ERA y representante de UGT, aseguró que «el dinero público no puede ser gestionado por la iniciativa privada» y expresó su preocupación por «las bolsas de empleo del ERA, donde hay una grave interinidad».
El alcalde de San Martín, Ignacio Fernández, evitó entrar en la polémica y aseguró que «las prioridades del Ayuntamiento son que haya un buen servicio, que se facilite el regreso de residentes que se encuentran fuera del concejo y que, en la medida de lo posible, los empleos creados se queden en San Martín». El presidente de la asociación de pensionistas «San Martín» de Sotrondio, Enrique García Carrio, reclamó, por su parte, que la residencia «se abra cuanto antes» y que el «Principado garantice que haya unas condiciones de calidad», independientemente de cuál sea al final el modelo de gestión.
Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de El Serrallo, en Sotrondio, aseguró, por último, que «la postura general entre los vecinos es de rechazo, porque existe un temor a que los servicios sean peores».
«El contrato de adjudicación garantizará una atención de calidad»
«Nuestra prioridad es que haya un buen servicio y el empleo se quede en el concejo»
«El dinero público no puede ser gestionado por la iniciativa privada»
«Lo que queremos es que abra cuanto antes y que se garantice la calidad»
«Nos tememos que pueda ocurrir lo mismo con Montevil y Pola de Siero»
«La postura general entre los vecinos es de rechazo a la privatización»
