Langreo, Elena PELÁEZ
«Estoy cansado de luchar», asegura Juan Montero Danis, «Juanela», mientras sujeta en una de sus manos la carta enviada por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, en la que le comunica que no tiene derecho a la indemnización que había solicitado en calidad de ex preso y represaliado político. Pero este langreano, que cumplió el pasado mes de julio 91 años, no se da por vencido con esa misiva a la que precedía otra de la Consejería de Asuntos Sociales, del 13 de septiembre de 2000, y la posterior respuesta al recurso de súplica que presentó Montero en contra de la primera resolución del Principado. La última puerta a la que ha llamado el langreano fue a la del Ministerio de Justicia y esa la encontró abierta.
El titular del departamento, Francisco Caamaño, firma un escrito que reconoce que está acreditado que Juan Montero Danis padeció persecución y privación de libertad por razones políticas e ideológicas «siendo injustamente ingresado en el campo de concentración de La Cadellada, en Oviedo y destinado al Batallón disciplinario de los trabajadores número 110 para la realización de trabajos forzosos». El ministro de Justicia rubrica una declaración de reparación y reconocimiento personal tal y como contempla la Ley de la Memoria Histórica, dirigida a aquellos que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura. Esta normativa es posterior e independiente al decreto aprobado por el Principado en el año 2000 que autorizaba destinar alrededor de 180.000 euros a indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos.
Ahora, Juan Montero presentará este documento al Gobierno regional para pedirle que reconsidere su postura. «A un compañero que pasó por los mismos campos que yo se lo concedieron y a mí me dicen que no tengo documentos suficientes», señala. El Principado justifica su denegación en que Montero no pudo acreditar su condición de prisionero de guerra o de penado para lo que se requiere una sentencia condenatoria. Juan Montero afirma en cambio que «a pesar de que achacaban que el tiempo echado en prisión me lo abonaron por la mili no es así porque en la cartilla militar consta que estuve tres años», señala, indicando que el 26 de diciembre de 1937 ingresó en el campo de concentración de La Cadellada y fue trasladado en varias ocasiones a otros campos y a batallones de trabajadores hasta quedar en libertad el 29 de mayo de 1940. Después, cumpliría tres años de servicio militar.
«Me quitaron mi juventud. En los campos de concentración lo pasé muy mal, mucha hambre y miedo. Cada poco venían las brigadillas y se llevaban a muchos presos», apunta. Estando en uno de los batallones de trabajadores, el de Valencia, se murió su madre y a los seis meses un hermano con 16 años. Juan Montero pidió permiso para acudir a los funerales pero no le fue concedido. «La respuesta que recibí fue que para los rojos no hay permisos, a lo que contesté que yo solo fui militar de la República», indicó. En otro de los batallones de trabajo, en La Fatarella (Tarragona), recogía el material de guerra sin explotar que estaba en los campos.
Montero quiere dejar claro que nunca tuvo ideas políticas. «Si fui a la guerra fue porque el gobierno que había en aquellos años llamó a mi quinta para su incorporación a la guerra», destaca. Ahora, añade, «pido lo que me corresponde porque en Cataluña pagaron a todos pero aquí a los que quisieron». A los responsables regionales se dirigirá nuevamente confiando en que su petición sea ahora, con el aval de la carta firmada por el ministro de Justicia, atendida.
