Rioseco, Elena PELÁEZ
La Fiscalía Superior del Principado trasladó al juzgado una denuncia por «presuntas alteraciones» del estudio de impacto ambiental de las obras de acondicionamiento de la Ruta del Alba, en Sobrescobio, tras advertir «indicios de aparente delito».
El ministerio público justifica la denuncia en el interés por esclarecer los hechos, de los que faltan por aclarar aspectos relevantes, entre ellos la autoría. La fiscalía inició diligencias de investigación tras el escrito remitido por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. La denuncia por una presunta falsificación del estudio de impacto ambiental fue presentada el pasado 29 de abril, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Según pudo saber este periódico, en el expediente de las obras del tramo Soto de Agues-Puente Retorturiu, ya ejecutado, figura un documento que llevaría la rúbrica del actual gerente del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y ex director general de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, Antonio Suárez Marcos, quien, tras prestar declaración ante el fiscal, negó ser su autor.
La denuncia de la Consejería se centraba en incongruencias entre la resolución de evaluación preliminar de impacto dictada por el director de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas en el expediente preliminar y los dos expedientes de contratación de las actuaciones correspondientes a los dos tramos de la Ruta del Alba, según aseguran fuentes de la fiscalía. El tramo Soto de Agues-Puente Retorturiu fue ejecutado hace dos años y el otro, Retorturiu-Cruz de los Ríos, fue iniciado en abril y posteriormente paralizado. De las diligencias practicadas por la Fiscalía se desprende que en esa resolución podrían haberse realizado alteraciones materiales en relación a elementos del documento.
La fiscalía no dispone del original de la resolución, sólo de una copia, por lo que solicitó al juzgado de guardia que realizase varias declaraciones y que solicite a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras el expediente original del estudio ambiental. Además, del informe técnico realizado por la dirección general de Informática del Principado se deduce que podrían haberse realizado alteraciones y modificaciones en el tratamiento informático de determinados expedientes.
Izquierda Unida-BA-Verdes remitió cuatro días antes de que la Consejería de Medio Ambiente presentase la denuncia una carta al titular del departamento, Francisco González Buendía, en la que le instaba a la paralización de las obras al carecer de la evaluación de impacto ambiental. La coalición se opuso al hormigonado de la senda, rechazo que dejó patente en una marcha de protesta realizada por la Ruta del Alba. El diputado de IU Francisco Javier García Valledor denunció posteriormente que se habían iniciado dos procedimientos ambientales divergentes.
Sin embargo, Medio Ambiente lo desmiente asegurando que «tiene toda la coherencia administrativa» y que la puesta en marcha de manera simultánea de ambos procesos tiene como objetivo «evitar innecesarias dilaciones». IU reclamó a la consejería los expedientes de la senda ya que en caso de no recibirlos valorará acudir a los tribunales.
