La acusación del crimen de la peluquera de Sama insinúa que hay pruebas «definitivas»

Langreo, L. M. D.

La abogada de la familia de Patricia Fernández Guzmán, la joven langreana asesinada en marzo de 2008, afirmó ayer que «no hay nuevos motivos para que la defensa del único acusado», C. M. B., vuelva a pedir su libertad, algo que el abogado del imputado prevé llevar a cabo «en los próximos días». La abogada de la familia, Ana García Boto, recordó que a principios de este año la Audiencia Provincial «estimó nuestro recurso contra la puesta en libertad» del acusado. La letrada, además, insinuó que los resultados preliminares de las pruebas de ADN «apuntan a que podría establecerse la autoría definitiva del crimen», por lo que «no tendría sentido pedir la libertad cuando se está a la espera de los resultados definitivos» de estas pruebas, vitales para la resolución del caso.

Ana García Boto indicó que «aún no hay constancia procesal» de la petición de libertad de C. M. B. En todo caso, cuando el recurso se presente «nos opondremos frontalmente» a su admisión. La letrada afirmó que «existen indicios de criminalidad» en las actuaciones del acusado y que la situación desde el anterior recurso, que se resolvió de forma favorable a los intereses de la familia, «sólo ha cambiado para reafirmar la conveniencia de que siga en prisión». De esta forma, tal y como indicó la abogada de la familia de la víctima, «el informe provisional del instituto de toxicología apunta a que podría establecerse la autoría definitiva del crimen». En todo caso, la investigación sigue a la espera de que se remitan los resultados definitivos de los análisis de ADN solicitados.

Esta semana, el abogado de C. M. B., José Carlos Botas, anunció que pediría la puesta en libertad del joven por «la falta de pruebas concluyentes». A finales del año pasado la defensa ya solicitó la libertad provisional del acusado, y el Juzgado de instrucción número 3 de Langreo llegó a decretarla, bajo fianza de 4.200 euros. En aquel momento el acusado no salió de la cárcel porque cumplía una condena de 20 meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Días después de la resolución del Juzgado de Langreo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial revocó la libertad condicional por el «riesgo de fuga» existente y por los «indicios de criminalidad», entre los cuales indicaba las contradicciones halladas en sus testimonios y la identificación de un empleado de una gasolinera, que declaró haberle vendido una lata de gasolina la noche en que tuvieron lugar los hechos. El acusado también reconoció haber estado con la víctima la tarde en que desapareció. Además, había comprado ese día productos para la limpieza de la tapicería del vehículo, en el que se hallaron unas manchas que están siendo analizadas.

Patricia Fernández fue encontrada muerta en un vertedero cercano al pozo Samuño, en Langreo, el 14 de marzo de 2008. La joven, de 22 años, faltaba de su domicilio desde el día anterior por la tarde. Su pista se pierde cuando cerró la peluquería en la que trabajaba en Sama, entre las seis y media y las siete de la tarde. El cadáver se encontró prácticamente calcinado, aunque se pudo identificar por un «piercing» que tenía la víctima y por las huellas de varios dedos. Tras estudiar el cuerpo, los médicos forenses no descartaron que la víctima estuviera viva cuando quemaron su cuerpo. Al menos así lo indica un informe fechado el pasado mes de febrero, un documento que deja abierta la posibilidad de que Patricia Fernández hubiera entrado en estado de coma tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

De confirmarse esta hipótesis que apuntan los forenses, la catalogación del delito cometido pasaría de homicidio a asesinato al no haber podido defenderse la víctima de su agresor.