Rioseco, Elena PELÁEZ
La Ruta del Alba lleva hasta el juzgado. La senda iniciada el pasado 29 de abril con la denuncia presentada por la consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras ante la fiscalía tiene como destino el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, que se encargará ahora del caso tras advertir el ministerio público «indicios de delito». La fiscalía presentó esta denuncia por «presuntas irregularidades» en el expediente referido al hormigonado del primer tramo de la ruta, entre Soto de Agues y Puente Retorturiu, ejecutado dos años atrás. En concreto detectó modificaciones que harían extensible al segundo tramo de la senda el informe ambiental que se había aprobado para la primera.
El escrito de la consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras fue remitido por el secretario general técnico e incluía otros dos documentos, fechados en el mismo mes (abril) y firmados por el consejero, Francisco González Buendía, y la viceconsejera, Belén Fernández. Esta comunicación trasladaba al fiscal diversos hechos, por si pudieran ser constitutivos de delito, que se centraban en la tramitación de los expedientes relacionados con las actuaciones ejecutadas en la Ruta del Alba, en Sobrescobio.
Medio Ambiente presentó, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, una denuncia por presunta falsificación del estudio de impacto ambiental que aludía a «ciertas incongruencias» entre la resolución de la evaluación preliminar de impacto ambiental y los dos expedientes de contratación de las obras correspondientes a los dos tramos de la senda (Soto de Agues-Puente Retorturiu y Puente Retorturiu-Cruz de los Ríos). Según el ex director general de Calidad Ambiental y actual gerente de Cadasa, Antonio Suárez Marcos, que firmaba la resolución de impacto medioambiental, en el documento se alteraron supuestamente datos del escrito elaborado por él mismo. Estas modificaciones se centran en el ámbito de la actuación que inicialmente reflejaba Soto de Agues-Puente Retorturiu y en el que se habría añadido la referencia a Cruz de los Ríos. También se habría modificado presuntamente la longitud del tramo en el epígrafe «Objeto y características de la actuación», haciendo constar 6.329 metros en vez de 3.329 metros. Así, la resolución se referiría al recorrido completo Soto de Agues-Cruz de los Ríos, incluyendo el tramo ejecutado dos años atrás y el que se inició en abril y que fue paralizado días más tarde. Diversas fuentes apuntaron poco después de conocerse la denuncia que se había usado, con ligeras variaciones, el estudio de impacto del primer tramo. IU-BA destacó que la primera fase de la obra cumplió con todos los trámites legales. Sin embargo, en la segunda no se publicó el documento requerido en el trámite ambiental.
Por otra parte, del informe técnico elaborado por la dirección general de Informática del Principado se deduce que podrían haberse realizado «alteraciones y modificaciones» en el tratamiento informático de determinados expedientes, cuya relación con los hechos anteriores está aún pendiente de determinar, según aseguraron fuentes de la Fiscalía. La denuncia que el ministerio público interpuso ante el juzgado se justifica en el interés de esclarecer los hechos, de los que faltan por aclarar aspectos relevantes, entre ellos los referentes a su autoría.
La fiscalía, que dispone únicamente de una copia de la resolución presuntamente alterada, solicitó al juzgado diversas declaraciones y que pida al Principado el expediente original completo de la evaluación preliminar de impacto ambiental relativa al primer tramo de la Ruta del Alba. Esta documentación fue solicitada también por IU junto al resto de expedientes referidos a la senda. Sin embargo, no le fueron entregados, lo que acabó llevando a IU a confirmar que también denunciará las supuestas manipulaciones.
