El juez decreta la libertad provisional del imputado por el crimen de la peluquera

Langreo, E. P.

El Juzgado de instrucción número 3 de Langreo decretó la libertad provisional, bajo fianza de 4.200 euros, de C. M. B., el único imputado por el crimen de Patricia Fernández Guzmán. El detenido tendrá, según el auto dictado, que comparecer una vez a la semana en el juzgado, no aproximarse a menos de 75 metros del domicilio de los familiares de la joven langreana fallecida ni comunicarse con ellos.

Sin embargo, C. M. B. no saldrá de la cárcel hasta que termine de cumplir dos condenas, una de un año y ocho meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, y otra de seis meses por una agresión. La defensa del único imputado por el crimen de la peluquera de Sama, que ejerce José Carlos Botas, aseguró días atrás que volvería a pedir su puesta en libertad por «falta de pruebas». La abogada de la familia de Patricia Fernández, Ana García Boto, consideraba, por contra, que no existían «nuevos motivos» para su libertad e insinuó que los resultados preliminares de las pruebas de ADN «apuntan a que podría establecerse la autoría definitiva del crimen».

Patricia Fernández fue hallada muerta en un vertedero próximo al pozo Samuño en marzo de 2008. El cadáver fue encontrado por dos menores que paseaban en bicicleta el 14 de marzo, a unos 200 metros del pozo. La joven, de 22 años, faltaba de su domicilio desde el día anterior por la tarde. Su pista se pierde cuando cerró la peluquería en la que trabajaba en Sama, entre las seis y media y las siete de la tarde. El cadáver se encontró prácticamente calcinado aunque pudo identificarse gracias a las huellas de varios dedos y a un «piercing». Un informe fechado en febrero deja abierta la posibilidad de que la joven hubiese entrado en estado de coma tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Si se confirma esta conclusión, la catalogación del delito pasaría de homicidio a asesinato al no haber podido defenderse la víctima.

La defensa ya solicitó la libertad provisional de C. M. B., que lleva en prisión de Villabona desde marzo de 2008, a finales del año pasado y el Juzgado de instrucción número 3 de Langreo la decretó, bajo fianza de 4.200 euros. Posteriormente, sería revocada por la Audiencia Provincial por el «riesgo de fuga» y por los «indicios de criminalidad», entre los cuales indicaba las contradicciones en sus testimonios y la identificación de un empleado de una gasolinera, que declaró haberle vendido una lata de gasolina la noche de los hechos.