Langreo, Elena PELÁEZ
El director general de Política Forestal, Joaquín Arce (IU), defendió ayer las actuaciones de hormigonado financiadas por su departamento en dos sendas situadas en los parques naturales de Redes (Los Arrudos) y Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Valdecuélabre) alegando a que se trata de obras en «tramos puntuales, pequeños», que son necesarias para facilitar el acceso de los ganaderos y a la vez compatibles con la protección al medio ambiente.
Arce declinó valorar la actuación de la consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (PSOE) en la Ruta del Alba. Sin embargo, fuentes de la consejería de Medio Rural, en la que se integra la dirección de Política Forestal, subrayaron que su departamento financió la actuación en dos caminos de dos parques naturales no en una senda que es monumento natural. Se refieren de esta forma a la senda de Sobrescobio, a cuyo hormigonado en su segunda fase se opone su formación, IU.
«El hormigón es un pavimento adecuado en determinadas circunstancias y cuando se usa de forma controlada», aseguró el director general de Política Forestal y miembro de Los Verdes, que aseguró que en breve se hormigonarán otros tres tramos «pequeños» en el parque de Redes, uno de ellos El Arenero , en Caso. Las actuaciones en los Arrudos y en Valdecuélabre fueron solicitadas por las parroquias respectivas y financiadas por el Principado. En ambos casos el acceso en vehículo está limitado. Sólo los ganaderos pueden transitar por esa vía, según indicó el responsable de Política Forestal. En el paraje cangués se ha instalado una cancela y sólo aquellos vecinos que tienen llave pueden pasar. La obra, ejecutada hace cuatro meses, permite el paso hasta el aprisco (zona donde se resguarda el ganado y a la que acude el veterinario cuando es necesario).
La actuación en la Ruta del Alba, monumento natural de Sobrescobio, afectaría al tramo entre Puente Retorturiu y Cruz de los Ríos aunque el desfiladero no sería hormigonado. La senda tiene un primer tramo que fue pavimentado hace dos años. Sin embargo, las actuaciones del segundo fueron paralizadas en abril, pocos días después de iniciarse, tras una denuncia presentada por la Consejería de Medio Ambiente ante la fiscalía por una presunta falsificación del estudio de impacto ambiental. Posteriormente, el ministerio público daría traslado al juzgado de instrucción número 1 de Oviedo tras advertir «indicios de delito».
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