Langreo, L. M. D.
C. M. B., el único imputado por el crimen de Patricia Fernández Guzmán, no podrá salir de la cárcel al menos en un año, a pesar de que el Juzgado de instrucción número 3 de Langreo decretó esta semana libertad provisional bajo fianza de 4.200 euros. El joven se encuentra cumpliendo una condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, una pena de un año y ocho meses que, según su defensa «se encuentra a punto de expirar». A esta pena hay que añadir otros seis meses por una agresión y medio año más por otro delito de falsedad documental, dos condenas que deben sumarse a la anterior. La abogada de la familia de la víctima, por su parte, recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial, que con anterioridad ya revocó un auto de libertad similar.
El abogado de C. M. B., José Carlos Botas, indicó que su intención es la de presentar sendos escritos con los que tratará de conmutar las dos penas de prisión pendientes por «sanciones económicas». Botas explicó que este tipo de cambios son «normales». El letrado se mostró además «muy satisfecho» con la decisión tomada por el Juzgado de instrucción número 3 de Langreo. «Es la segunda vez que se decreta la libertad. No hay pruebas suficientes como para mantenerlo en prisión», apuntó el abogado.
Un punto de vista completamente contrario expresó Ana García Boto, abogada de la familia de la víctima. La letrada anunció que va a interponer «de forma inminente» un recurso contra el auto de libertad dictaminado por el Juzgado número 3 de Langreo. Boto recordó que las circunstancias que a principios de año llevaron a la Audiencia Provincial a revocar el primer auto de libertad «siguen vigentes», por lo que espera que «nos dé la razón de nuevo». La abogada recordó que el plazo para el fin de la prisión provisional (de dos años en circunstancias normales) «aún está lejano», y apuntó que para delitos de gravedad como éste la prisión puede prolongarse «otros dos años adicionales» si así lo dictaminan los jueces. «Estamos hablando del asesinado de una persona, no de un delito menor», añadió Boto.
La abogada de la familia de Patricia Fernández aseveró además que, respecto a la anterior petición de libertad, «los indicios contra el detenido son más firmes», ya que «los informes preliminares de las pruebas de ADN apuntan hacia su posible autoría» del delito. Boto confía en que la Audiencia Provincial vuelva a revocar el auto de libertad provisional.
08:22
