Langreo, M. Á. G.
El Ayuntamiento de Langreo recurrirá el fallo del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo que invalida el paso de los ediles díscolos de IU al grupo de no adscritos. El juez paralizó el mes pasado el cambio de condición de los ediles afines al PC, hasta ahora suspendidos cautelarmente, mientras no haya una decisión expresa de la comisión de garantías de IU Federal o se sustancie el proceso judicial paralelo sobre la expulsión. La Junta de Gobierno de Langreo acordó ayer recurrir la sentencia del contencioso, con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP (el representante de IU-BA no acudió a la sesión y no podía pronunciarse en el punto), al entender que el Ayuntamiento actuó en todo momento de acuerdo con la legalidad vigente.
El litigio contencioso-administrativo se centra en determinar si el paso de los ediles díscolos al grupo de no adscritos, dictaminado por el Pleno de Langreo en 2008 y suspendido cautelarmente, se ajustaba a derecho. IU-BA ya anunció días atrás que recurriría el fallo. El Ayuntamiento de Langreo, la otra parte implicada, hará lo mismo. «Creemos que el Ayuntamiento actuó correctamente, con total transparencia y claridad, y de acuerdo con los poderes que la ley confiere al Pleno. No vamos a entrar en los problemas internos de un partido sino a defender que la institución ha procedido de forma adecuada en todo este asunto», indicó ayer el portavoz municipal del PSOE, Julio César García. En el proceso jurídico paralelo sobre la expulsión de los críticos de IU, el Juzgado de instrucción número 2 de Langreo dio la razón la dirección regional de la coalición de izquierdas, pero la sentencia está recurrida por los ediles díscolos.
No fue el único tema jurídico que se trató en la Junta de Gobierno de ayer. En la sesión también se abordó la desestimación por parte del juez de un recurso impuesto por un trabajador municipal del servicio de limpieza que alegó contra su cambio de ocupaciones. Este operario se ocupaba originariamente de conducir una máquina barredora, pero fue asignado a la realización de tareas de limpieza a pie al entender el Ayuntamiento que su «desidia» era causante de las múltiples averías que presentaba la máquina, según explicó ayer el concejal de Obra, Juan Miguel Muñoz. «Él entendía que se había producido un cambio sustancial en sus condiciones laborales, pero el juez nos ha dado la razón», indicó.
Por otro lado, tal y como detalló Muñoz, se dio cuenta de otra resolución judicial por la que se impuso una sanción de 150 euros por persona a dos jóvenes que arrancaron un banco de la calle Dorado, en Sama.
