Langreo,

Miguel Á. GUTIÉRREZ

Los alcaldes y los grupos políticos con representación en los ayuntamientos del Valle (PSOE, PP, IU, Foro Asturias y Frente de la Izquierda) lanzaron ayer un mensaje de unidad contra la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de fusionar los cuatro partidos judiciales de las Cuencas en una única demarcación. Por la mañana escenificaron ese frente común en el seno de la mancomunidad, a través de un acuerdo unánime en el que se exige el mantenimiento de las sedes judiciales de Langreo y Laviana. Por la tarde, lo hicieron en una reunión en la que compartieron mesa con los profesionales del Derecho del Valle y en la que se pidió la implicación de los colectivos vecinales y sociales contra la medida.

El planteamiento del Consejo General del Poder Judicial pasa por reducir de 431 a 190 el número de partidos judiciales en España. Esta reorganización implica la unificación en una única demarcación de los juzgados de Langreo, Laviana, Lena y Mieres. La sede del este partido judicial único, según fuentes del ámbito jurídico, estaría en el concejo cabecera del Caudal.

El acuerdo adoptado por la Ejecutiva de la Mancomunidad del Nalón, una comisión que reúne a los cinco alcaldes y a representantes de los partidos políticos, expresa que «tanto por número de habitantes como por características geográficas, distancias, insuficiencia de medios públicos de transporte y envejecimiento de la población», las demarcaciones de Langreo y Laviana «están justificados». Por ese motivo, el documento, remitido al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Principado manifiesta «la exigencia de que se mantengan los dos partidos judiciales existentes actualmente» en la comarca del Nalón.

El representante del PP, Fernando Carrio, que no pudo asistir a la Ejecutiva por un «error en la convocatoria», dejó claro por la tarde, en la reunión con colectivos celebrada en la Casa de Cultura de Sama, su «apoyo» al acuerdo alcanzado. «Se trata de una propuesta del Consejo General del Poder Judicial que ahora inicia su tramitación. En el valle tenemos 80.000 vecinos y hay que hacer todo lo posible para que no se cierren servicios», remarcó.

En el encuentro estuvieron los cinco alcaldes, salvo Esther Díaz, regidora de Langreo, que no pudo asistir. En representación del Gobierno local langreano acudió María Fernández, concejal de Urbanismo y segunda teniente alcalde, que brindó su respaldo «a todas las medidas que se emprendan» para no peder las sedes judiciales.

Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio y presidente de la Mancomunidad del Nalón, resaltó los perjuicios que la medida ocasionaría en una «población altamente envejecida». Enrique Fernández, regidor de San Martín del Rey Aurelio, instó a «no bajar los brazos» y «aparcar las diferencias» para paralizar la propuesta. En una línea similar, Adrián Barbón, alcalde de Laviana, agradeció el respaldo del PP a nivel comarcal, «fundamental por su capacidad de interlocución» con el Ministerio de Justicia. El regidor casín, Tomás Cueria, remarcó los problemas de desplazamiento para los habitantes de los núcleos rurales si se alejan las sedes judiciales y reclamó que «no se quiten servicios fundamentales». Pedro Leal, edil de Foro Asturias en Langreo, también expresó su «disconformidad» con una propuesta, la del Poder Judicial, «no fundamentada y que esperemos no sea vinculante».

Por su parte, Borja Álvarez, miembro de la comisión de profesionales del Derecho impulsada en el Valle, demandó «implicar a la ciudadanía» contra la medida. Teresa Rodríguez, integrante de la misma comisión, demandó recibir información por parte de los políticos de las medidas que adopten y más coordinación de movimientos.